Puesto que el franquismo no derrocó a ninguna democracia ni tuvo oposición de ese género, y tampoco consiguió estabilizar un sistema político de nuevo tipo, no tenía por qué ser imposible  una evolución hacia un sistema de libertades políticas,  partidos abiertos y elecciones, con división de poderes, que es lo que normalmente entendemos por democracia. La única cuestión consistía en si esa democracia reproduciría la experiencia enferma de la república o se asentaría firmemente sobre los logros del régimen anterior permitiendo la convivencia en paz y libertad. Esta era la vía reformista (aunque la reforma fuera profunda) propuesta desde el régimen por personalidades como Torcuato Fernández Miranda o Fraga, y que seguramente estaba en la mente de Carrero Blanco o del propio Franco. La solución tenía la gran ventaja de evitar saltos históricos peligrosos.

 

La alternativa contraria sería una democracia que brincase por encima de cuarenta años excepcionalmente fructíferos para enlazar con la supuesta legitimidad de la república o, peor aún, del Frente Popular, años excepcionalmente desastrosos. Y aunque suene increíble, se formó enseguida una oposición “rupturista” que quería precisamente esto último, identificándose  con los vencidos de la guerra civil y confundiendo además el Frente Popular con la república. Y con  la mayor terquedad emprendió campañas de descrédito contra el régimen anterior, desvirtuó el significado de la guerra y presentó a la república y al frente popular (que en la práctica la destruyó) como modelos de libertad y cultura. Una tergiversación tan descarada de la historia no habría podido  prosperar  sin la actitud de la Iglesia, proclive a la complacencia con quienes casi la habían exterminado,  y sin el desconcierto de los políticos franquistas y el olvido del pasado preconizado por muchos bienintencionados aparentes.

 

A favor de la falsificación pesaban estados de Europa occidental que, al contrario que España,  debían su democracia y prosperidad al ejército y finanzas useños, no a sí mismos, y sin embargo adoptaban una pose “protectora” y de superioridad moral un tanto grotesca. Algunos de esos Estados habían apoyado el terrorismo etarra y diversas maniobras comunistas contra España, quizá por la deuda que también habían contraído con Stalin. No solo los antifranquistas que de pronto surgían por todas partes, sino la mayoría de los provenientes del franquismo aceptaban aquella superioridad moral, política e histórica de los autonombrados tutores del proceso español.  El “europeísmo” se asentaba, una vez más, en el desprestigio de España y en un arrobo ignaro hacia lo que llamaban Europa.

 

El conflicto reformismo-rupturismo se dirimió  a lo largo del año 1976, siguiente al fallecimiento de Franco. Los rupturistas, agrupados en torno a los marxistas del PCE o del PSOE, siguieron la tradición del Frente Popular, es decir, se presentaban como demócratas (Junta y Plataforma “democráticas), agrupando desde maoístas partidarios de la lucha armada hasta carlistas, católicos “avanzados”, separatistas  y personajes o intelectuales variopintos, en un nuevo frente popular embrionario. Los políticos del franquismo, siguiendo la línea de Torcuato Fernández Miranda, lograron  el apoyo de las Cortes para la transición y plantearon un referéndum popular al efecto “de la ley a la ley”. Los rupturistas maniobraron en contra con intensas campañas de agitación y manifestaciones, intentaron una huelga general (revolucionaria en su concepción) que fracasó, y pidieron el boicot al referéndum previsto para diciembre de 1976. Estos episodios, olvidados o minusvalorados en muchos relatos de la transición, tienen sin embargo máxima relevancia histórica, porque revelan que la oposición al franquismo no había aprendido nada del pasado, sino que se había inventado su propia historia de “demócratas contra fascistas” y similares.

 

La realidad se impuso cuando el referéndum  decidió, por abrumadora mayoría, la democratización de la ley a la ley, es decir, desde y no contra el franquismo, y sí contra la ruptura; y descartando a  los grupos que creían posible mantener el régimen anterior tal cual (el franquismo, lejos de ser un régimen monolítico y rígido, había ido cambiando pragmática y flexiblemente desde la guerra; y tras el Vaticano II, su subsistencia dependía de la personalidad sin repuesto de Franco y de sus éxitos económicos, que le encaminaban también a una democracia más o menos al estilo eurooccidental). Cabe decir que se votó una democracia franquista, es decir, respetuosa con el régimen anterior  y deseosa de aprovechar sus avances. La razón de fondo de la preferencia popular se encuentra en la memoria aún fresca del pasado reciente y sus logros, más impresionantes para quienes habían conocido la república. El ambiente social rechazaba aventuras alucinadas como las soñadas por los rupturistas.

 

El referéndum demostró a los amigos de Marx y de la disgregación de España que les quedaba aún mucho tiempo para convencer a la mayoría de las bondades de sus políticas. Pero se pusieron tenazmente a la labor. Les favoreció el hecho de que a pesar de su éxito inicial, la transición quedó en manos de Suárez, un líder peculiarmente inculto, y de sectores deseosos de ser reconocidos como demócratas a base de inhibirse en las campañas antifranquistas para terminar sumándose a ellas. Una Constitución menos votada que el referéndum abonó algunas de las tesis frentepopulistas, introduciendo peligros a largo plazo, denunciados por personajes tan diversos como Julián Marías, Blas Piñar o Torcuato, verdadero autor de la salida “de la ley a la ley”.

 

La política errática y  seudoizquierdista de Suárez condujo a la desintegración de su partido y provocó una crisis que se intentó resolver mediante el llamado golpe del 23-f, en el que, según muchos indicios, estaban complicadas las instituciones más altas y los partidos principales. Pero la democracia, bastante dañada, continuó. Era posible en principio corregir sus serios errores, que dañaban el estado de derecho en negociaciones con el terrorismo, convirtiendo a este, implícitamente, en un modo aceptado de hacer política, mientras los separatismos prosperaban con aliento y financiación de los gobiernos, fueran de derechas o de izquierdas. Por otra parte, lo que unos políticos ignorantes llamaban “entrada en Europa” se materializaba en una inconstitucional entrega de soberanía a la burocracia de Bruselas y a la OTAN, acompañada de una auténtica colonización cultural por el inglés. Todo ello en medio de un antifranquismo que extrañamente crecía conforme más lejano quedaba aquel régimen y cuanta menos oposición a Franco habían hecho los nuevos “demócratas”.

 

El proceso lo culminó el PSOE  llegado al poder  después del oscuro atentado del 11 de marzo de 2004. Entonces cuajó la previa falsificación del pasado en una “ley de memoria histórica”, no solo insostenible en los hechos, sino totalitaria al estilo norcoreano o castrista. Y vino el rescate de una ETA prácticamente en la ruina, para rehabilitarla como potencia política. Siguieron leyes antijurídicas y antidemocráticas “de género”, otorgamiento solapado de soberanía al parlamento catalán y a los separatismos vascos, etc. Esta reedición de políticas tipo frente popular ha anulado en gran medida la obra del franquismo superadora de la herencia del 98, ha impuesto la ruptura fracasada en 1976, ha desvirtuado la democracia y suscitado nuevamente los odios de la república, amenazando seriamente la libertad y la propia integridad nacional. El fracaso económico del gobierno socialista trajo uno del PP, también “antifranquista”, cuya labor ha consistido en mantener y en algunos casos profundizar, las políticas del PSOE, llevando al país a un verdadero golpe de estado permanente desde 2017.  Es imprescindible conocer el pasado para percatarse de los retos que nos plantea el presente y superarlos de nuevo. Pues “un pueblo que ignora su pasado se condena a repetirlo”