Jordi Sánchez i Picanyol, contra los autos de 2 de marzo y 26 de marzo de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 2 de Madrid, que confirmaron el acuerdo de 1 de febrero de 2018 de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Madrid V, que impuso al recurrente una sanción de treinta de días de “privación de paseos y actos recreativos comunes” por el artículo 109.b) del Reglamento Penitenciario. Finalmente, una sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de mayo de 2019 inadmitió el recurso de amparo formulado por don Jordi Sànchez i Picanyol, porque el escrito de interposición del recurso de amparo se presentó 11 de mayo de 2018, fuera del plazo legalmente establecido conforme al artículo 43.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ya que había un plazo de 20 días para presentar la demanda de amparo que finalizó a las 15 horas del día 27 de abril de 2018. Dicho lo anterior, es necesario destacar que no existió unanimidad al dictarse la resolución, pues se emitió un voto particular firmado Juan Antonio Xiol Ríos, Fernando Valdés Dal-Ré y María Luisa Balaguer, que consideran que el recurso de amparo debió estimado, porque consideran que la resolución impugnada tiene naturaleza jurisdiccional y, por tanto, se presentó dentro del plazo de 30 días que marca el artículo 44.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

 

Hay que tener presente la normativa vigente para entender porqué la inadmisión del recurso de amparo de Jordi Sánchez por la sanción disciplinaria que se le impuso es correcta. El artículo 44 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que las sanciones disciplinarias serán impuestas por el correspondiente órgano colegiado. Precisamente, según el artículo 76.2 de la misma norma, corresponde especialmente al Juez de Vigilancia resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias. De los dos preceptos señalados se deduce claramente que la resolución impugnada por Jordi Sánchez tenía naturaleza administrativa y no judicial, de modo que el plazo para la interposición del recurso de amparo en el caso del líder secesionista esta de 20 días conforme al artículo 43.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no siendo aplicable el artículo 44.2 de la misma norma, que se refiere la interposición del recurso de amparo por la vulneración de derechos fundamentales y de libertades públicas producida por resoluciones judiciales. Así lo confirma la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de mayo de 2019, que señala que la vía jurisdiccional por la que se ha desarrollado la impugnación ante los órganos jurisdiccionales no altera la naturaleza administrativa del acto impugnado, que es el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Madrid V, de 1 de febrero de 2018, pues, “Otra interpretación llevaría a entender, en definitiva, que no hay más actos u omisiones atacables en vía de amparo constitucional que los actos u omisiones de los órganos judiciales (STC 6/1981, de 6 de marzo, FJ 2)” (ATC 51/2010, de 6 de mayo, FJ 1)”.