El Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado las gestiones necesarias para modificar las reglas relativas a la jurisdicción universal que se contienen en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En un primer momento, se tenía pensado recuperar la justicia universal sin límites, pero, en contra del criterio mantenido por un comité de expertos convocados por el Ministerio de Justicia, el Gobierno entiende que es más adecuado recuperar las normas sobre la materia que existieron hasta la entrada en vigor de la ley orgánica que restringió la justicia universal en el año 2014.

 

Hay que tener en cuenta los acontecimientos. En un primer momento, la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para cumplir el contenido de la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados el día 19 de mayo de 2009 con motivo del Debate del estado de la Nación, implantó un cambio en el tratamiento de la justicia universal mediante la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incorporar tipos de delitos que no estaban incluidos y cuya persecución viene amparada en los convenios y costumbre del Derecho Internacional, como son los de lesa humanidad y crímenes de guerra, y para adaptar y clarificar el precepto de acuerdo con el principio de subsidiariedad y la doctrina emanada del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de forma que existieran ciertas limitaciones en la investigación y enjuiciamiento de ciertos delitos graves cometidos en otros países. Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, delimitó, teóricamente para garantizar el principio de legalidad y reforzando la seguridad jurídica, los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio en que España ejerce su soberanía, incrementando los límites positivos y negativos de la posible extensión de la jurisdicción española en la medida en que se consideraba, al plantear la reforma, que la persecución de delitos cometidos fuera de España tiene un carácter excepcional que justifica que la apertura de los procesos deba condicionarse a la presentación de querella por el Ministerio Fiscal o la persona agraviada por el delito y que la competencia de los tribunales españoles no exista cuando ya se hubiese iniciado un procedimiento en un Tribunal Internacional o por la jurisdicción del país en que hubieran sido cometidos o de nacionalidad de la persona a la que se impute su comisión, aunque es cierto que los jueces y tribunales españoles se reservan la posibilidad de continuar ejerciendo su jurisdicción si el Estado que la ejerce no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.

 

Muchos pensaban que Dolores Delgado, defensora de la justicia universal plena, iba a impulsar su recuperación para la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, la realidad diplomática ha tumbado sus expectativas, ya que el Gobierno ha decidido recuperar las reglas vigentes hasta el año 2009 porque un informe emitido por el Ministerio de Exteriores ha analizado el gran peligro que supone para el mantenimiento de buenas relaciones diplomáticas con ciertos Estados la implantación de la justicia universal sin límites. De ese modo, se ha preferido descartar una reforma más radical de las reglas sobre competencia por cuestiones políticas, aunque también existen cuestiones logísticas, por la saturación de los órganos judiciales penales españoles, que hace pensar que es una locura permitir que puedan abarcar, además, de delitos cometidos en territorio español, ciertos delitos cometidos en otros países que presenten una escasa vinculación con España.