El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Por ese precepto, es derecho de los trabajadores colocar el contrato de trabajo en una fase de suspensión y de ese modo limitar la libertad del empresario, a quien se le veda contratar otros trabajadores y llevar a cabo arbitrariamente el cierre de la empresa, como más adelante veremos, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril, que también indica que “huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso”, pudiendo “tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas o en general en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos”.

Una cuestión bastante llamativa que ha existido durante años ha sido la relativa al derecho de huelga de los jueces y de los fiscales, que entendían que tenían la posibilidad de ejercitar ese derecho fundamental por el artículo 28 de la Constitución y la normativa vigente. El problema para ellos es que el Gobierno siempre rechazó que los jueces y los fiscales pudieran desarrollar huelgas, aunque parece que la situación ha cambiado radicalmente.

 

El Ministerio de Justicia ha comunicado que va a descontar de la nómina la parte proporcional que corresponde a todos los jueces y fiscales que participaron en la huelga celebrada el pasado día 19 de noviembre, que, aunque fue la cuarta que desarrollaron estos colectivos, se va a convertir en la primera que implica una reducción proporcional de su salario. Muchos han aplaudido la noticia por consistir en el reconocimiento de un derecho para los jueces y los fiscales, aunque es posible que el objetivo de la decisión adoptada desde el Gobierno no tenga tanta relación con la garantía del derecho de huelga como muchos consideran.

 

Por las circunstancias, se podría llegar a pensar quel descuento salarial practicado por el Gobierno tiene como principal finalidad aprovechar para ahorrar un poco de dinero, ya que el mismo escasea y van a tener que reservarlo para cubrir el déficit impuesto por la Unión Europea por un lado mientras por otro ejecutan gastos requeridos por Podemos y necesarios para las siguientes elecciones.