La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2019 ha resuelto la cuestión problemática relativa a la validez de la cláusula de vencimiento anticipado señalando que “Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia, y, por otra parte, no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales”. La resolución destaca que “cuando el juez nacional declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de Derecho nacional que permite al juez nacional integrar dicho contrato modificando el contenido de esa cláusula (sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 73, y de 30 de abril de 2014, Kásler y KáslernéRábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 77)”, pero en una situación en la que un contrato de préstamo hipotecario concluido entre un profesional y un consumidor no puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva cuya redacción está inspirada en una disposición legal aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no puede interpretarse en el sentido de que se opone a que el juez nacional, con el fin de evitar la nulidad de ese contrato, sustituya esa cláusula con la nueva redacción de esta disposición legal de referencia introducida con posterioridad a la celebración del contrato, en la medida en que la anulación del contrato exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, y si no se permitiera sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional y se obligara al juez a anular el contrato en su totalidad, el consumidor podría quedar expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse, pues, “en el caso de un contrato de préstamo, tal anulación tendría en principio el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago del importe del préstamo pendiente de devolución, en una cuantía que puede exceder de la capacidad económica del consumidor, y por esa razón penalizaría a este más que al prestamista, a quien, como consecuencia, no se disuadiría de insertar cláusulas de ese tipo en los contratos que ofrezca (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 83 y 84)”.

 

Hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2019 resulta ambigua, en algunos aspectos, aunque se refiere expresamente a las cláusulas de vencimiento que se están analizando judicialmente, que son las que plantean problemas en la medida en que las reglas del artículo 24 de la Ley 5/2019, reguladora del Crédito Inmobiliario sobre las cláusulas de vencimiento anticipado son aplicables a las establecidas con anterioridad a la entrada en vigor, según la Disposición transitoria primera de la misma norma, siempre que no hayan ya producido efectos en un litigio. En el caso de las cláusulas de esa naturaleza para las que no hay solución legalmente fijada en la Ley reguladora del Crédito Inmobiliario, el juez tendrá que valorar en cada situación si la cláusula de vencimiento anticipado es un elemento esencial o no y, en el caso en el que lo sea, podrá evitar la declaración de nulidad si la misma resulta perjudicial para el consumidor por producir un vencimiento anticipado con peores consecuencias que las que implicaría la existencia de la cláusula contractual dispuesta por la entidad bancaria prestamista.

 

Hay que tener presente que la cláusula de vencimiento anticipado es una condición, que se constituye como elemento accidental. Como afirma Carlos Lasarte Álvarez, los elementos accidentales se caracterizan porque pueden “estar presentes por voluntad de las partes en un determinado negocio, pese a que su presencia no es esencial”, pero “una vez integrados en un acuerdo negocial, asumen una extraordinaria importancia respecto de la vida del propio negocio, en cuanto determinantes de su eficacia y de su dinámica, por lo que difícilmente pueden ser calificados de meros accidentes del mismo”. Por ese motivo, sin la cláusula de vencimiento anticipado el contrato puede subsistir, pero hay dudas sobre las implicaciones de la ausencia de la cláusula de vencimiento anticipado.

 

El artículo 1858 del Código Civil indica que vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor. Si no existe cláusula de vencimiento anticipado por haberse declarado su nulidad, los efectos no deberían perjudicar al consumidor, siendo cierto que debería producirse el vencimiento por el incumplimiento tras haber transcurrido el plazo para la devolución de todas las cuotas correspondientes sin que se haya abonado todas o algunas, salvo que antes de terminar el mismo el prestatario haya obstaculizado gravemente el cumplimiento del contrato, de modo que, mientras no haya pasado el tiempo para la restitución de la totalidad de la cuantía principal con la de los intereses, no se podría iniciar la ejecución hipotecaria, a menos que exista un incumplimiento grave que justifique el vencimiento anticipado, ya que el prestatario tiene lo que el artículo 24 de la Ley reguladora del Crédito Inmobiliario denomina “el derecho al plazo”.