Enrique Álvarez Conde, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, consiguió constituir el Instituto de Derecho Público con un informe de escasas páginas en las solicitó una gestión “descentralizada” para lograr “los objetivos del instituto”. Esa petición buscaba conseguir que el jurista pudiera controlar la entidad huyendo de las normas propias del Derecho Administrativo.

Juan José González López indica, en su artículo titulado “La "huida del derecho administrativo" como factor criminógeno”, que “la expresión «huida del Derecho administrativo» se ha empleado para conceptualizar la creciente aplicación a las entidades públicas de normas de Derecho privado (civil, mercantil, laboral) en detrimento de las de Derecho administrativo que constituyen el Derecho estatutario propio de las Administraciones Públicas” y que “este fenómeno se ha relacionado fundamentalmente con la aparición y multiplicación de una serie de entes públicos sometidos en gran o principal medida al Derecho privado, pero no es exclusivo de estos, pues también se manifiesta en el ámbito de las Administraciones Públicas territoriales”. La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2012 establece que “la huida del Derecho Administrativo general, bien hacia un régimen administrativo singular (primera fase de la huida), bien hacia el Derecho Privado (segunda fase de la huida)”, debiendo destacarse que “Sobre estos entes instrumentales ha venido prevaleciendo la llamada "teoría del ordenamiento singular", según la cual las relaciones entre el Derecho administrativo ordinario y el Derecho propio de los entes instrumentales no se rigen por los principios propios de la distinción Derecho Común/Derecho Especial sino por los de la otra distinción Derecho General/Derecho Singular, y con la importante consecuencia de que el Derecho Administrativo "General" no tendría el valor de Derecho supletorio” para los entes institucionales, de modo que “Hay una ruptura de los esquemas conceptuales tradicionalmente aceptados para distinguir lo público de lo privado, y hay también, finalmente, un abandono de los criterios clásicos determinantes de la teoría General del Derecho de la personalidad jurídica diferenciada”. Por último, destaca la resolución que “Han sido razones de eficacia administrativa las que tradicionalmente se han invocado para justificar la creación de estas personificaciones diferenciadas que son los entes instrumentales”, que constituyen “puras técnicas organizativas dirigidas a conseguir en lo funcional y en lo financiero un marco de flexibilidad de actuación no ofrecido por el Derecho administrativo ordinario”.

 

El problema es que son numerosos los casos en los que la huida del Derecho Administrativo se desarrolla con el objetivo de esquivar los controles públicos que establece el ordenamiento jurídico para evitar la arbitrariedad y el uso indebido de recursos públicos, “facilitando la oscuridad y pérdida de transparencia de tales actuaciones”, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2010.

 

En el caso del Instituto de Derecho Público, que fue fundado por Enrique Álvarez Conde, se produjo una huida salvaje del Derecho Administrativo que permitió al catedrático obrar con total libertad en la gestión y aplicación de dinero público. De ese modo, se inició la gestación de una trama que ha terminado revelando numerosos defectos de la configuración de la Universidad Rey Juan Carlos, en la que han tenido una gran relevancia, desgraciadamente, dirigentes de los principales partidos políticos.