El pasado viernes día 2 de agosto, numerosos manteros estuvieron protestando en Barcelona para pedir una reunión con Ada Colau que les sirva para lograr la adopción de medidas que les permitan vender sus productos, copias de bienes sujetos a derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial que vulneran sistemáticamente. Su justificación se encontraba en el “racismo institucional” del Ayuntamiento y en el derecho que, teóricamente, tienen para mantener su subsistencia, aunque la misma se base en conductas delictivas que, aunque no tengan una clara gravedad desde el unto de vista penológico, causan graves daños sociales.

 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, estableció la imposición de una penalidad menor en los supuestos de distribución ambulante o meramente ocasional y excluyó la imposición de penas de prisión en los supuestos de escasa gravedad, en atención a las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio. De esa forma, se rebajaron las penas para los manteros de una manera que, aunque pueda resultar justa y adecuada, no debe implicar que se relaje el control para sus actividades por parte de la policía.

 

Los manteros no tienen ningún derecho por el que puedan justificar su exigencia de establecer días y horarios en los que puedan vender sus falsificaciones. De hecho, sabiéndose que han estado delinquiendo, habría sido posible que se detuviera a todos los manteros presentes en la referida manifestación por la comisión de un delito continuado contra la propiedad intelectual y la propiedad industrial, pero parece que los mossos quisieron evitar más complicaciones en la situación. Sin embargo, no hay que olvidar que uno de los problemas que existe con los manteros en Barcelona proviene de la sensación de impunidad que tienen, cuya consolidación se debió, principalmente, a las omisiones del equipo de Ada Colau que, creyendo estar haciendo algo positivo por unos pobres inmigrantes, ha posibilitado la grave explotación de extranjeros en su ciudad, con la consiguiente producción de beneficios para las mafias y la causación de pérdidas para muchos empresarios que operan debidamente en Barcelona, que también han ocasionado perjuicios para trabajadores de tiendas que venden productos legalmente.