Wackenheim era un señor de escasa estatura que se dedicaba a las actividades propias de un proyectil humano en Francia en la década de 1990. Concretamente, recibía cantidades de dinero por permitir que otros jugaran a lanzarle lo más lejos posible de manera segura para su integridad. Muchos se escandalizaron por la situación y consiguieron que el asunto fuera estudiado por el Ministerio del Interior, que llegó a hacer todo lo posible por prohibir la actividad de Wackenheim, lo que llevó al interesado a afirmar que estaba siendo “víctima de violaciones por Francia del párrafo 1 del artículo 2, del párrafo 2 del artículo 5, del párrafo 1 del artículo 9, del artículo 16, del párrafo 1 del artículo 17 y del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, a instancia de Wackenheim, analizó la controversia y terminó afirmando que, como señala Jesús Alfaro en su artículo “El lanzamiento de enanos”, que “el lanzamiento de enanos era tan repugnante que imponía una externalidad negativa al reducir el valor de la dignidad humana”.

 

La historia ha vuelto a repetirse ahora, pero con el alquiler de enanos para espectáculos. Concretamente, el Ministerio Fiscal investiga la discoteca Chaplin´s, situado en Benidorm por un presunto delito de odio del artículo 510 del Código Penal cometido contra personas con enanismo, ya que el establecimiento ofrece espectáculos donde estas personas de baja estatura se intervienen para divertir a los asistentes y algunos consideran que ello constituye un acto de promoción de la discriminación contra las personas con enanismo. El afectado, Toni Ivars, que es el artista de la discoteca Chaplin´s, ha indicado que él solo hace su trabajo, que le gusta y que, si se lo arrebataran, aquellos que afirman defender su dignidad no le darán otro trabajo.

 

El concepto de dignidad, al que se refiere el artículo 10 de la Constitución, puede ser de difícil determinación. La Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril, indica que “Junto al valor de la vida humana y sustancialmente relacionado con la dimensión moral de ésta, nuestra Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10) y los derechos a la integridad física y moral (art. 15), a la libertad de ideas y creencias (art. 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1)”, derechos de los que se puede deducir que “la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”. Ese respeto a los demás debería valorarse en cada caso, atendiendo a las circunstancias concretas, pero podría afirmarse que lo correcto es preguntarle a Toni Ivars si considera que su trabajo es digno y si desea seguir ejerciéndolo, pues las instituciones y entidades de la sociedad civil han adquirido un extraño sentido del deber moral que les impone restringir a los demás actividades que no se ajustan a ciertos valores.