La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2019, de 6 de mayo, ha declarado la vulneración del artículo 24 de la Constitución, que regula el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en un caso en el que se produjo la inadmisión de un recurso de casación para la unificación de la doctrina ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Concretamente, el recurso de amparo por el que se inició el proceso en el que se dictó la sentencia señalada se interpuso contra dos resoluciones del letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que resolvieron tener por no presentado el escrito de impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina, remitido a través del sistema Lexnet por el representante procesal de la recurrente, al haber incurrido este en un error al cargar los datos del formulario normalizado que debe cumplimentarse en dicha plataforma para el correspondiente envío del escrito, en concreto al haber marcado la opción de "Casación" (código 1) y no la de "Unificación de doctrina" (código 8). A tales resoluciones achaca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a los recursos, reprochándoles falta de motivación y de congruencia, y una errónea selección y aplicación de las normas aplicables, al haber alcanzado la solución indebida de devolver su escrito, privándola del derecho a poder defenderse.

 

Hay que tener presente el razonamiento del Tribunal Constitucional, que afirma que “No es irrelevante desde luego la circunstancia de que el sistema no sea del todo claro y pueda inducir a esa confusión, máxime cuando, según se ha dicho ya, la normativa sobre dicho formulario no dice nada en este punto que pueda ilustrar con carácter previo". Además, la resolución destaca que “La modernización de la administración de justicia mediante la generalización en el uso de las nuevas tecnologías y, en lo que aquí nos atañe, a través de las comunicaciones electrónicas procesales, no constituye un fin en sí mismo sino un instrumento para facilitar el trabajo tanto del órgano judicial, como de los justiciables que actúan en los procesos a través de los profesionales designados o directamente por ellos cuando esto último es posible”, de manera que “No pueden en ningún caso erigirse tales medios tecnológicos, en impedimento o valladar para la obtención de la tutela judicial a la que "todas las personas" (art. 24.1 CE) tienen derecho”.

 

Ciertamente, el Tribunal Constitucional ha resuelto la controversia de manera adecuada y coherente. Ese hecho se puede comprobar observando la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1989, de 19 de enero, que indica que “No es sólo que las normas restrictivas no se han de interpretar o aplicar con rigor (odiosa sunt restringenda), ni extremar el rigor con más dificultades, sino que sobre toda interpretación del Derecho ha de primar la aplicación de la regla de la eficacia y protección de los derechos, no ya con la concesión o denegación del sustantivo que se impetra, sino, al menos en principio, con la apertura de la vía del proceso para su consideración judicial, siempre, y eso es claro, que la pretensión procesal no choque de modo directo, frontal, insubsanable, con una regla sin excusa” y, por eso, si no quiere causar indefensión, “lo adecuado será evitar el rigor y exceso (formulismo) del formalismo que, a veces, la Ley, por exigencias de seguridad y uniformidad, impone, interpretando sus reglas de acuerdo con su fin y sin convenir el presupuesto procesal en obstáculo insalvable, insuperable, «en fuente de incertidumbre e imprevisibilidad para la suerte de las pretensiones deducidas», como se dijo en STC 49/1987, de 23 de abril”.

 

Resulta llamativo que el letrado de la Administración de Justicia no aplicara el artículo 230.5 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, por el que debería haber concedido a la parte recurrente, con carácter previo a que se resuelva sobre el anuncio o preparación, un plazo de cinco días para la subsanación de los defectos descritos. Sin embargo, la próxima vez utilizará debidamente ese precepto.