La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 1155/2019, de 27 de noviembre, indica, en relación con el caso de una persona que tenía una relación con Glovo que fue extinguida por la compañía, que “La relación contractual que mantuvieron las partes en el período de 11 de febrero de 2.016 a 14 de marzo de 2.018, ambos inclusive, sólo puede calificarse, pues, como laboral común u ordinaria, y no de TRADE, de modo que los contratos suscritos en 11 de febrero y 21 de marzo de 2.016 deben reconducirse a la verdadera naturaleza jurídica que deriva de los mutuos y recíprocos derechos y obligaciones que de ellos emanan, tratándose, en suma, de un supuesto de falso autónomo”, destacando la resolución que el antecedente 8 de la Directiva 2019/1152/UE señala que “El abuso de la condición de trabajador por cuenta propia conforme lo define la legislación nacional, ya sea a escala nacional o en situaciones transfronterizas, es una forma de trabajo falsamente declarado que se asocia a menudo con el trabajo no declarado”, siendo cierto que “El falso trabajo por cuenta propia se produce cuando una persona es declarada como trabajador por cuenta propia aun cuando se cumplen las condiciones propias de una relación laboral, con el fin de evitar determinadas obligaciones jurídicas o fiscales”.

 

Hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 1155/2019 encuentra en el contrato las notas de dependencia y ajenidad en la relación, que sirven para atribuirle la naturaleza laboral. Por un lado, la ajenidad del trabajador, existe por “la enorme importancia económica de la plataforma digital propiedad de la demandada que representa su marca como seña de identidad en el mercado y constituye, a su vez, su herramienta esencial de funcionamiento a través de distintas aplicaciones informáticas en relación tanto a los comercios asociados y los clientes finales o usuarios que se conectan a ella, cuanto a los recaderos que como instrumento medial contribuyen con su prestación de servicios al logro de los objetivos productivos de la empresa en el marco de su modelo de negocio y, de otro, los escasos elementos materiales, a su vez de limitado valor, que el demandante aporta, consistentes en un teléfono móvil con el que entrar en la aplicación y una motocicleta, aunque las más de las veces se trate de una bicicleta, motorizada o no”. Por otro lado, la dependencia del trabajador existe en la medida en que la compañía de Glovo “es la titular de la plataforma digital y sus aplicaciones informáticas que entrañan el elemento fundamental que permite el trabajo del actor como recadero, con cuya realización el mismo contribuye a afianzar en el mercado digital la marca de GlovoApp23, S.L., quien de este modo se nutre de los ingresos económicos que obtiene, servicios aquéllos por los que el demandante cobra un precio por cada recado que efectúa en cuya fijación no tiene participación alguna, siendo, en cambio, la parte demandada quien”.

 

La resolución comentada es un golpe superior a Glovo por su manera de calificar las relaciones con sus empleados y podría entenderse como una estocada definitiva a la política de contrataciones de la compañía, que es tan claramente contraria a la normativa laboral vigente que parece imposible que pueda ser salvada por algún otro Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas.