No pasa un día con este Gobierno sociata que no nos traiga alguna sorpresa mayúscula, aunque también es cierto que va aprendiendo a dar los naipes bajo mesa, ladinamente, con la esperanza de que todos los españoles sean tan tontos como los que le han votado y no se den cuenta del cogotazo ni después de que se lo hayan arreado. La última jugada que prepara Pedro Sánchez es la de conseguir que los rebeldes catalanes del 1-O se vayan de rositas sin que nadie pueda acusarle ni a él ni a los jueces del Supremo de prevaricación u otra maniobra irregular. Para ello cuenta con una Fiscalía palmariamente dócil, obediente y complaciente, que jugará a dura mientras le abre a los procesados una puerta trasera por la que escapar indemnes de su presente situación.


Se comenta en Madrid que la Fiscalía presentará dentro de pocos días el escrito oficial de acusación contra esos angelitos golpistas y ha caído como una bomba - luego veremos por qué - saber que piensa mantener su petición de condenarles por un delito de rebelión que conlleva severas penas de cárcel. La Fiscalía del Supremo, en efecto, mantendrá en sus conclusiones finales la petición inicial contra los golpìstas catalanes solicitando fuertes penas de cárcel por el delito de rebelión y no el de sedición. En los pasillos del Supremo se ha sabido que, en el escrito que la Fiscalía presentará dentro de unos días, no se modifican las peticiones de cárcel que ya fueron solicitadas el pasado mes de Noviembre. Se dice y se repite que, tras las últimas declaraciones de los testigos, "se ha dado por demostrada la existencia de un delito de rebelión". Policías, guardia-civiles y mossos de escuadra que resultaron heridos en las jornadas del golpe han demostrado que hubo violencia y que por dicha causa es de aplicación el artículo 472 del vigente Código Penal. El delito anticonstitucional de rebelión "consiste en alzarse y hacerlo violenta y públicamente con el dolo específico de atentar contra la Constitución como superestructura del Estado".    


Para que la opinión pública se impresione y admire la firmeza de la Fiscalía al perseguir delito tan grave como el de rebeldía, algún medio comenta que se han mantenido las penas - mínimas, por cierto - por las que se decantaron los fiscales. El artículo 473 del Código Penal establece penas de "entre 25 y 30 años de prisión" para quienes "induzcan a cometer el delito de rebelión y los jefes principales de ésta". Para Oriol Junqueras, ex-vicepresidente de Cataluña y principal responsable junto con Carles Puigdemont de la celebración del referéndum ilegal, el pasado 2 de Noviembre se pidió una pena de 25 años de cárcel "por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos".  Para los dirigentes independentistas Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament; Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana; y Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, se solicitaron 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta. Al resto de los dirigentes en prisión provisional (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull) la Fiscalía les acusa de un delito de rebelión agravado por malversación, para lo que mantiene la pena inicial de 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.


Muy duro, ¿no? Qué malos son los fiscales. Y que ingenuos los españoles. La parte de la historia que los fiscales no cuentan es que si sólo acusan a los golpistas de un delito de rebeldía y en el curso del proceso no se diera el requisito de una "intensidad suficiente de la violencia", o hubiera dudas al respecto - que ya se ha dicho que haberlas, haylas - los golpistas quedarían absueltos de dicha acusación. Y si no existen otras acusaciones alternativas (como las de sedición, o colaboración a la sedición), los golpistas se irán de rositas cantando "Els Segadors". Sería lo mismo que ocurriría si (por ejemplo) si se acusa a alguien de robo (que requiere violencia o intimidación) y en realidad lo sucedido fue un hurto (apropiarse de lo ajeno pero sin violencia), al no existir una acusación doble - "robo o, en su defecto, hurto" - el ladrón se iría de rositas a la mínima duda razonable de que no fuese robo. Pues ese parece ser el caso y esa es la marranada que, de ser cierta la versión que circula, se estaría montando para que el marrón de haber puesto a los golpistas en libertad no se lo comiera Pedro Sánchez - el verdadero instigador de la trama - sino la indiscutible aplicación de la praxis jurídica española. Muy ingenioso. Muy desvergonzado. Muy ladino. Pobre España, en manos de quién está...