Meritxell Batet, que es la candidata del PSC por Barcelona, ha vuelto a hablar de una reforma de la Constitución con la finalidad terminar el conflicto con el independentismo catalán y ha llegado a afirmar que “si hay más de dos millones de personas en Cataluña que no reconocen como suyo ese marco constitucional, pretender imponerlo no nos va conducir a ninguna solución, habrá que sentarse a hablar, escuchar las razones y argumentos”. Una vez más, la dirigente ha analizado erróneamente la cuestión catalana partiendo de una base inexacta y denotando los intereses políticos de Pedro Sánchez, que parece dispuesto a cualquier cosa para poder mantenerse en la Presidencia del Gobierno español, aunque ello implique atribuir a unos pocos la facultad de decidir sobre lo que incumbe a todos.

 

Hay que tener presente que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, conforme al artículo 1.2 de la Constitución. Según la Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, de 25 de marzo, aunque “La atribución de la soberanía nacional al pueblo español en virtud del art. 1.2 CE y la unidad de la Nación española como fundamento de la Constitución en virtud del art. 2 CE se contemplan junto a el reconocimiento y la garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, como se plasma en el segundo de los citados preceptos constitucionales”, se “ha declarado que “el Estado autonómico se asienta en el principio fundamental de que nuestra Constitución hace residir la soberanía nacional en el pueblo español (art. 1.2 CE), de manera que aquella … ‘no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores’.” [STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3; reiterado en STC 247/2007, FJ 4 a)]”.

 

Para empezar a estudiar el problema, hay que tener presente que no parece que haya más de dos millones de personas en Cataluña que defiendan el secesionismo catalán. Además, es cierto que “sentarse a hablar, escuchar las razones y argumentos” es algo que ya se ha hecho con los independentistas catalanes en demasiadas ocasiones, en las que se ha podido apreciar que las posibilidades de negociación son escasas, pues Carles Puigdemont y sus amigos solo aceptan un referéndum por la independencia y la absolución o la condena con posterior indulto para los acusados por los actos secesionistas en territorio catalán, sin respetar la Constitución, a la que están sujetos los ciudadanos y los poderes públicos.

 

Si se quiere un referéndum de los catalanes que tenga eficacia vinculante, es necesario que se reforme la Constitución mediante el desarrollo de los trámites procedimentales que la misma establece en su artículo 168, por afectar la modificación al Título Preliminar de la norma fundamental y, si se desea el indulto a los líderes independentistas, debería pensarse en el debilitamiento que sufrirían las instituciones del Estado por la exclusión de la pena que, en caso de condena, se impondrán a los acusados por la comisión de delitos de sedición o rebelión, a los que hay que unir los delitos de malversación de caudales públicos. Mientras tanto, hay que imponer la Constitución de manera que se respete su contenido para que se cumplan sus reglas y se garantice la igualdad de los españoles y la solidaridad entre las Comunidades Autónomas, pues no hay ciudadanos que sean más relevantes que los demás por vivir en determinadas zonas del Estado español.

 

Decir que imponer la Constitución a aquellos que no la aceptan no es una solución es como afirmar que imponer el Código Penal a los delincuentes que no están de acuerdo con esa norma no ayuda a resolver el problema de la delincuencia: resulta una estupidez.