Como ya se sabe, el juez José Yusty Bastarreche suspendió la licencia de obra para la exhumación de Franco alegando que la obra suponía un riesgo para los operarios y que podía “desestabilizar el conjunto”. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019 indica que la “actuación material cuenta con la cobertura de las previsiones de la disposición adicional sexta bis de la Ley 52/2007 en relación con la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que faculta al Consejo de Ministros para decidir la ejecución de proyectos”, de modo que “no necesita licencia municipal [sentencias de esta Sala de 18 de diciembre de 2002 (recurso n.º 1369/2000) y n.º 1402/2000); 15 de diciembre de 2014 (casación n.º 254/2014); 16 de diciembre de 2014 (recurso n.º 392/2012) que, si bien se refieren a otros textos legales, su contenido era sustancialmente igual que el vigente]” y que “ningún obstáculo hay, desde el punto de vista de la regulación de los contratos del sector público, para la adjudicación de parte o de todos los trabajos a empresas privadas si no los llevara a cabo, con sus medios, la Dirección de Inmuebles y Medio Natural del Patrimonio Nacional”.

 

El problema con el que se podía encontrar el Gobierno es que el Tribunal Supremo, pese a ser el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes según el artículo 123 de la Constitución, no puede dictar órdenes al juez Yusty, ya que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial” y que “No podrán los Jueces y Tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan”. Por el precepto citado parecía, teóricamente, muy complicado que un razonamiento “obiter dictum” del Tribunal Supremo, que se refiere a una cuestión accesoria, pudiera servir para condicionar la labor del juez Yusty, que ha tenido el asunto en sus manos siendo, precisamente, el único que tenía la facultad de resolver el caso, pero la situación ha cambiado.

 

La Providencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2019 ha determinado astutamente que la Sala III del Tribunal Supremo es el único órgano jurisdiccional competente para enjuiciar la legalidad de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, así como las incidencias acaecidas en su ejecución, de modo que el juez Yusty ya no puede retardar la eficacia de la la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019, aunque si que podría retrasarla el Tribunal Constitucional.