La Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos se aprobó hace varios meses. El pasado día 6 de septiembre, el Tribunal Constitucional anunció la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad promovidos por más de 50 diputados del PP, Vox y Ciudadanos contra esa ley, cuyo objeto es configurar el derecho al reconocimiento y, en su caso, reparación de las víctimas de motivación política generadas por la acción violenta de grupos de extrema derecha o por parte de funcionarios públicos, regulando los medios y mecanismos para que sean reconocidas como tales víctimas y, en su caso, como personas beneficiarias de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral.

Hay que tener en cuenta los antecedentes legislativos existentes. La Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo, ordenó y articuló la forma en la que las administraciones navarras han de desarrollar el tratamiento hacia las víctimas del terrorismo estableciendo una serie de mecanismos económicos y sociales. Posteriormente, la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, continuó con la senda para marcar un retrado histórico de la sociedad navarra muy conveniente para los independentistas vascos. Finalmente, se aprobó la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que estableció mecanismos que garantizaban un relato condicionado de la historia de un modo muy romántico para los defensores del nacionalismo vasco, siendo cierto que, después, se declaró su inconstitucionalidad por la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/2018, de 19 de julio, ya que “el sistema articulado por el legislador foral no se ajusta a los parámetros que se han expuesto y ha sobrepasado con ello los límites constitucionales, al atribuir a la comisión que crea la ley impugnada, la potestad de investigar y apreciar en plenitud por sí misma, al margen del Poder Judicial y sin vocación alguna a la institución del proceso, hechos en apariencia delictivos”, de modo que “Se ha venido a establecer un procedimiento de investigación sustraído al Poder Judicial, que podría desplegarse incluso en caso de resoluciones judiciales firmes”.

 

La Ley Foral 16/2019 establece en su artículo 6 que “Los poderes públicos navarros, en el ámbito de aplicación de esta ley foral, colaborarán con los órganos y organismos del Gobierno de Navarra que ejerzan funciones en materia de derechos humanos y de promoción de la memoria para, en el marco de las respectivas competencias, contribuir al conocimiento de la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos a las que se refiere esta ley foral, a través de acciones para facilitar a las personas el acceso a los archivos oficiales y examinar las posibles vulneraciones de derechos humanos a que hace referencia esta ley foral”. De ese precepto y de otros muchos se puede deducir que esa norma contiene los mismos vicios de inconstitucionalidad que la Ley Foral 16/2015, de modo que la Ley Foral 16/2019 debería ser declarada igualmente inconstitucional teniendo presente que la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/2018 determina que “No son posibles en nuestro Estado de Derecho (art. 1.1 CE) actuaciones del poder público directa y específicamente dirigidas a la investigación criminal si no se realizan, bajo la dirección o el control inmediato del Poder Judicial, integrado por Jueces y Magistrados (art. 117.1 CE) y por el Ministerio Fiscal —con autonomía funcional— (art. 124 CE y art. 2.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula su Estatuto Orgánico)” y que “Tampoco, por otro lado, son constitucionalmente admisibles excepciones legislativas a la dirección o al control por el Poder Judicial de estas investigaciones de delitos, lo que, por un lado, pondría en notorio riesgo derechos fundamentales vinculados al proceso penal y, por otro, entrañaría, a la vez, una utilización de estas mismas investigaciones al margen y con desviación de su única finalidad legítima, que no es otra que la de dar lugar, mediante aludido proceso penal, a la comprobación final del ilícito y a la punición, en su caso, de quienes resulten penalmente responsables”.