Consiguieron una moratoria del Tribunal de Derechos Humanos de La Haya, apelaron a la ONU, enviaron emisarios a Amnistía Internacional, le dieron valija diplomática a los togados de Jueces para la Democracia, comisionaron a lo más granado de los diputados progresistas para que viajaran a los EEUU para estudiar la casuística y el Derecho Comparado y aceptaron recibir relatores y observadores internacionales para que, simultáneamente, analizaran las circunstancias especiales, extraordinarias, en virtud de las cuales la petición del Gobierno español se ajustaba al Derecho local sin colisionar con el Derecho Internacional.

Documentaron los dosieres de sus rogativas con la equilibrada Ley de Defensa de la República de Azaña, con las resoluciones de la Convención de 1793, en la que Robespierre y Saint-Just imponían la lírica del Terror, con los breves, pero intensos informes de Antoine Fouquier- Tinville, Fiscal del Comité de Salvación Pública, y añadieron las adendas de los alegatos de Hébert, presidente de los tribunales de la Guillotina. Todo muy mono, muy aseado, prolija y minuciosamente preparado, para que la solicitud del Gobierno español no chirriara ni siquiera en los oídos de ese icono internacional que es Greta Thunberg, esa niña sueca con mirada de serpiente esquizofrénica que sólo llora cuando ve una botella de plástico flotando en el Amazonas.

Con mohínes de “qué se le va a hacer”, “no hay más remedio”, acompañados de los pesarosos cabeceos que acompañan siempre a las decisiones extraordinarias, los sacerdotes del Progresismo Internacional levantaron el pulgar para que los jueces-políticos españoles pudieran inclinar sus pulgares hacia abajo y restaurar por una vez la pena de muerte en el caso demandado.

Así, a la hora del aperitivo (para que los reporteros de las teles progres no madrugaran mucho) de un 18 de julio (fecha infame en el calendario democrático español) fue ejecutado en la Plaza Pública de los Telediarios José Antonio Franco Ledesma ( de nombre y apellidos abominables) acusado de haberse quedado sin batería en el móvil y no haber podido llamar al SAMUR con la diligencia requerida cuando a su lado cayó muerto “El Pancetas”, un sans-culotte de Podemos con más colesterol en sus arterias que arrobas en sus lorzas. La acusación definitiva que hizo caer la hoja de la guillotina sobre el cuello del pobre José Antonio Franco Ledesma fue la de que, al intentar reanimar al “Pancetas”, le arrancó, sin el debido respeto, los tirantes con la bandera republicana con los que se sujetaba los pantalones a los michelines.

Dicen los maledicentes cronistas de El Correo de Madrid que mientras José Antonio Franco Ledesma moría, Rodrigo Lanza nadaba plácidamente en el spa de la cárcel durante los últimos minutos de las pocas horas de prisión a las que fue condenado por un quítame allá un fascista con tirantes rojigualdas. Cuando sus ayudantes de cámara de la cárcel le comunicaron la ejecución de José Antonio Franco Ledesma, Rodrigo Lanza nadaba en la zona profunda de la piscina, le sobrevino un ataque incontrolable de risa y se ahogó. El Gobierno español estudia volver a aplicar la pena de muerte a los socorristas que fueron incapaces de impedir la Justicia Divina.