Los encargados de gestionar el Open Arms se podrían enfrentar a una multa de 900.000 euros, ya que, al rescatar a los migrantes que desembarcaron en Lampedusa, vulneraron la normativa al contravenir el contenido de la autorización que tenían para salir de puerto, que se limitaba, únicamente, al transporte de víveres y a la ayuda humanitaria, como recordó Carmen Calvo, que afirmó al respecto que la tripulación de ese barco “tiene una autorización para ayuda humanitaria y esas son las condiciones en las que puede salir y puede operar; se lo recordó el ministro y en nuestro país todos sabemos lo que se puede hacer y lo que no”. Desde la ONG se indica que obraron conforme a la obligación que establece el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecho en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, que señala que todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros: a) preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar; b) se dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro, en cuanto sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una posibilidad razonable de hacerlo; y que c) caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros y, cuando sea posible, comunique al otro buque el nombre del suyo, su puerto de registro y el puerto más próximo en que hará escala. Sin embargo, ese precepto establece el deber de auxilio para casos fortuitos o situaciones de fuerza mayor, de manera que las circunstancias en las que operó el Open Arms en su labor de rescate no encaja en el supuesto de hecho regulado en la Convención sobre el Derecho del Mar, pues la embarcación fue a buscar a los migrantes para poder llevarlos a un puerto.