La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, reformó el artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para que estableciera, entre varias reglas, que Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.

 

Contra la Ley Orgánica 3/2018 se interpuso un recurso de inconstitucionalidad por el Defensor del Pueblo. Resolviendo ese recurso de una manera muy ágil, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de mayo de 2019 ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General por la vulneración del derecho a la protección de datos personales en relación con diferentes aspectos del artículo 18 de la Constitución.

 

Resultan interesantes los argumentos de la resolución del Tribunal Constitucional, que afirma que “el legislador no ha precisado qué finalidad o bien constitucional justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales ni ha determinado en qué supuestos y condiciones puede limitarse, mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias” y “no ha identificado la finalidad de la injerencia para cuya realización se habilita a los partidos políticos, ni ha delimitado los presupuestos ni las condiciones de esa injerencia ni ha establecido las garantías adecuadas que para la debida protección del derecho fundamental a la protección de datos personales reclama nuestra doctrina, por lo que se re refiere a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas por los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales”. Ese planteamiento es absolutamente razonable, pues “las opiniones políticas son datos personales sensibles cuya necesidad de protección es superior a la de otros datos personales” y “la indeterminación de la finalidad del tratamiento y la inexistencia de garantías adecuadas o las mínimas exigibles a la ley constituyen en sí mismas injerencias en el derecho fundamental de gravedad similar a la que causaría una intromisión directa en su contenido nuclear”.

 

Los dirigentes de los principales partidos políticos han visto como el “Gran Hermano” que querían implantar con la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral ha sido desmontado y, de ese modo, pierden de la posibilidad de poder controlar la ideología de los ciudadanos. Esa es una gran noticia, pues constituye un paso importante para reducir la incidencia de los partidos políticos en el sistema, que, desgraciadamente, lleva años secuestrado por sus dirigentes.