Esta semana nos enterábamos de que alguno de nuestros tribunales, a instancias no sé muy bien de si la fiscalía, los huidos Carlos Puigdemont, Clara Ponsatí y Antonio Comín, o de todos al mismo tiempo, ha decidido analizar y estudiar muy, pero que muy bien, la cuestión sobre si los tres anteriores tienen o no derecho a ser elegidos en unas elecciones, lo cual creo que se llama derecho de sufragio pasivo. Debería congratularme enormemente de ello. Sin embargo, reconozco que no es así. A pesar de que soy de los que opinan que deben prevalecer la Justicia y el Estado de Derecho. Me intranquiliza saber que, tras una sentencia de la Junta Electoral Central que les negaba ese derecho por ser prófugos, se haya retomado la cuestión.

 

Algo me dice que hay gato encerrado, porque se trata de tres acusados de un delito político. Y qué quieren que les diga: “reunión de zorras, perdición de gallinas”. Me huele mal este asunto, qué le voy a hacer. No sé muy bien si el sentido común, la lógica jurídica o el más elemental sentido de la justicia, pero hay algo que se me está escapando. Si alguno lo entiende, mi más sincera enhorabuena.

 

No pretendo hacer en este artículo un ensayo legal. Ni soy el más el más apropiado ni, la verdad sea dicha, me compensaría el esfuerzo. Creo que no soy el único al que le parece mentira que, si alguna persona pretende acceder a una subvención pública, se le pida encontrarse al corriente con la Seguridad Social y Hacienda, pero si quiere presentarse a cargo público, no se le exija como mínimo no tener cuentas pendientes con la justicia. He oído que la razón de peso es que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia. Quien así habla, no menciona que en nuestras leyes no siempre es así. También tenemos la figura de la prisión preventiva, una medida cautelar  que afecta al derecho de libertad personal  cuando las disposiciones previstas en la ley parecen insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal. Se suele aplicar cuando hay fuertes indicios de culpabilidad o cuando existe riesgo de fuga que pueda poner en peligro la celebración del juicio y el cumplimiento de la pena (si el juicio finalizase con una sentencia de culpabilidad). Yo creo que nadie discutirá que, en este caso, el riesgo de fuga es algo más que una mera posibilidad. Me cuesta trabajo creer que los juristas de reconocida competencia de nuestras instituciones no hayan encontrado alguna norma que, en este sentido, se pueda aplicar provisionalmente, aunque sólo fuera por analogía.

 

Luego nos extraña que los mismos que reclaman la mayor de las exquisiteces legales, arrastren por el lodo de los tribunales europeos nuestro sistema legal y éste sea juzgado por quienes no tienen la capacidad, ni el estatus, ni el derecho a mover una coma de cuanto dicten nuestras instituciones, puesto que las suyas no son superiores a las nuestras, ni nuestro sistema legal y soberanía derivan de sus normas, ni sus tribunales son superiores, mejores o más justos. Pero claro, ya se sabe que a estos impresentables no hay nada que más les ponga que humillar cuanto tenga que ver con España, los españoles, nuestras instituciones y a las personas que las representan. Ejemplos, los que quieran. Por citar dos de los últimos, que el Presidente de la Generalidad se niegue a saludar en público a nuestro Rey, o que el mismo personaje grotesco y zafio, intentara ridiculizar a una diputada que cesaba en el ejercicio de sus funciones. Vomitivo, no. Lo siguiente.

 

Y una última consideración. Todo esto no sería posible si, quien tiene la capacidad (sea quien sea), no diera las instrucciones precisas para que la Fiscalía se comporte de esa forma. Como se dice coloquialmente: “yo, ahí lo dejo”.