El PSOE ha publicado su Propuesta para un programa común progresista, en el que recoge una batería de 370 medidas para formar un Gobierno con el apoyo de Podemos. En relación con el apartado "Justicia independiente", se señala que el PSOE promoverá “un Pacto de Estado para la Modernización de la Administración de Justicia, que persiga una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes judiciales”.

Formular un pacto para mejorar la Administración de Justicia sería una buena idea si no existiera ya un pacto como el propuesto por el PSOE. El día 28 de mayo de 2001 se firmó el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, cuyo texto empezaba diciendo que “los españoles, comenzando por quienes dedican la vida al servicio de la Justicia, demandan inequívocamente un esfuerzo profundo de mejora y modernización de nuestro sistema judicial”, pues “carencias tradicionales, sumadas a las nuevas exigencias de una sociedad cada vez más dinámica y compleja y al incremento de la litigiosidad, hacen obligado acometer las reformas necesarias para ello”. Concretamente, se perseguía con ese pacto que: “la Justicia actúe con rapidez, eficacia y, calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados”; que “cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles”; que “actúe como poder independiente, unitario e integrado, con una estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales”.

 

El pacto de 2001 incluía 23 medidas, de las que solo se cumplieron algunas, como la relativa a la aprobación de la Ley Concursal. De hecho, la gran mayoría de ideas incluidas en el documento comentado aparecerían con total probabilidad en el nuevo pacto por la Administración de Justicia, que resultaría inocuo porque no se respetaría su contenido, al igual que ocurrió con el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia de 2001.

Si se quiere mejorar la Administración de Justicia, no hace falta realizar un nuevo pacto de Estado. Simplemente se requiere cumplir el que ya hay y actuar con buena cabeza.