Resultan problemáticas las cuestiones relativas al control que deben ejercer las redes sociales y otras plataformas en lo relativo a la control de los comentarios que muchos usuarios vierten en sus páginas y que pueden afectar negativamente al honor de terceras personas. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2019 ha analizado esta cuestión al resolver el asunto C-18/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberster Gerichtshof, que es el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria, mediante resolución de 25 de octubre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de enero de 2018, en el procedimiento entre Eva Glawischnig-Piesczek y Facebook Ireland Limited.

 

Eva Glawischnig-Piesczek, que era diputada del Nationalrat, que es la Cámara Baja del Parlamento de Austria, presidenta del grupo parlamentario “die Grünen”, conocido como el de “Los Verdes”, y portavoz federal de dicho partido político, demandó a Facebook Ireland ante los jueces austriacos solicitando que se ordenase a Facebook suprimir un comentario publicado por un usuario de esa red social que atentaba contra su honor, así como alegaciones de contenido similar. El Tribunal Supremo de Austria planteó varias preguntas sobre la posibilidad de imponer a un prestador de servicios el deber de suprimir contenidos y sobre los límites de esa medida, contestando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que que la Directiva 2000/31, en concreto su artículo 15, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un tribunal de un Estado miembro pueda: obligar a un prestador de servicios de alojamiento de datos a suprimir los datos que almacene, y cuyo contenido sea idéntico al de una información declarada ilícita con anterioridad, o a bloquear el acceso a ellos, sea quien fuere el autor de la solicitud de almacenamiento de tales datos; obligar a un prestador de servicios de alojamiento de datos a suprimir los datos que almacene, y cuyo contenido sea similar al de una información declarada ilícita con anterioridad, o a bloquear el acceso a ellos, siempre que la supervisión y la búsqueda de los datos a los que se refiere tal medida cautelar se limiten a aquellos datos que transmitan un mensaje cuyo contenido permanezca esencialmente inalterado con respecto al que dio lugar a la declaración de ilicitud y que contenga los elementos especificados en la medida cautelar acordada, y en la medida en que las diferencias en la formulación de dicho contenido similar al que caracteriza a una información declarada ilícita con anterioridad no puedan obligar al prestador de servicios de alojamiento de datos a realizar una apreciación autónoma de ese contenido; y obligar a un prestador de servicios de alojamiento de datos a suprimir los datos a los que se refiera la medida cautelar acordada o a bloquear el acceso a ellos a nivel mundial en el marco del Derecho internacional pertinente.

 

Con la resolución citada, se ha dado un gran paso en el control de los contenidos de Internet que pueden atentar claramente contra derechos fundamentales como los vinculados con el honor. Sin embargo, es cierto que la sentencia puede no llegar a ser suficiente, en la medida en que el dinamismo de las redes sociales las convierte en una fiera imposible de amansar, complicando enormemente la protección de la dignidad de las personas y facilitando la efectividad de los ataques contra la integridad moral.