En mi reciente libro Refundación soberana publicado por la editorial Letras Inquietas, vengo a realizar una reflexión sobre una cuestión nuclear y común a todos los movimientos identitarios y populistas que emergen ahora en Europa: la soberanía.

Un concepto de Derecho político que desde tiempos de Bodino y con especial hincapié en Carl Schmitt nos sirve para definir la capacidad de un pueblo para ser –o no- dueño de su destino común.

Si en algo fue trascendente la Constitución del 78 fue en esa ejemplaridad que se dio de “pasar de la ley a la ley” sin que ello provocara de nuevo en España un conflicto civil. No obstante, aquella Transición adoleció de la ausencia de unas cortes constituyentes y, sobre todo, de una serie de cesiones en materia de soberanía que la han convertido en la más laxa de Europa y que trajo, desde bien temprano, funestas consecuencias en todos los órdenes.

No sólo en la desindustrialización de España, la ausencia de referéndums para la toma de vitales decisiones nacionales sino la utilización de normas de cobertura para entregar parcelas vitales de soberanía tanto hacia la Unión Europea como hacia las comunidades autónomas, provocando un vaciamiento que no tiene analogía en derecho comparado.

De todo ello se habla en Refundación soberana, con expreso apoyo en autores tan reconocidos como Joan Garcés y su conocida obra Soberanos e intervenidos:

Las cesiones de soberanía posibles son prácticamente ilimitadas, superiores a las impuestas a Alemania e Italia después de su derrota en 1945. Y expeditas: basta una Ley Orgánica para transferir a organizaciones e instituciones internacionales competencias inherentes al Estado sin ninguna limitación (artículo 93). Hay que situarse en la perspectiva del sistema construido en Alemania e Italia bajo el dominio de sus vencedores para encontrar algo equivalente. Ningún de los Estados que en 1945 resistieron y ganaron la guerra con Alemania, o fueron neutrales, conoce semejante limitación de soberanía en su ley fundamental, tan categóricamente explicitada. Así, la del reino de Dinamarca (art. 20) prohíbe la delegación de facultades constitucionales si el proyecto de ley no es aprobado por una mayoría de las cinco sextas partes del parlamento que, además, debe ser sometido a referéndum. Ninguna Constitución europea incluye el equivalente del artículo 96.1 de la española, según el cual las disposiciones de los tratados internacionales sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas del Derecho Internacional. […] En otras palabras, un gabinete con mayoría coyuntural en las Cortes tiene manos libres para cualquier pacto con poderes extranjeros, sin que en principio pueda dejarlo sin efecto una mayoría parlamentaria posterior que lo juzgara desfavorable a los intereses del país. […] Pero si grave es la discriminación que la Constitución de 1978 hace de las relaciones internacionales mucho peor lo es en el terreno económico, dejando indefenso al Estado frente a la ilimitada penetración del capital transnacional. Mientras que para obligar al Estado los convenios internacionales del contenido político y militar deben ser aprobados por las Cortes (artículo 94.1), se prescinde de este trámite en los de contenido económico. En la lengua llano, un gobierno puede ceder, o enajenar, o dejar en concesión a entidades extranjeras sectores neurálgicos del patrimonio económico común, sin que el parlamento tenga que autorizarlo, pero dejando comprometidos a los gobiernos sucesivos por lo dicho del artículo 93. Todas las constituciones de Europa y la propia de Estados Unidos exigen que los tratados económicos o comerciales sean aprobados por el parlamento. La nuestra, no.”

En la tarea de planificar una estrategia de regeneración política urgente, el rearme soberano de nuestra norma gubernamental debería ser una prioridad. De ahí la necesidad de esa refundación.

Carlos Martínez-Cava: Refundación soberana. Letras Inquietas, 2020