La irrupción de Podemos en el marco político de las Instituciones españolas y Europeas, devienen de un “trio” de populistas predicadores de falsas promesas, cuyos comportamientos éticos les deslegitiman al menos moralmente.

Manos Limpias ha denunciado al trio populista predicador.

Pablo Iglesias fue denunciado ante el Tribunal Supremo, por ser el máximo representante de la formación de Podemos, al haber sido financiado por dos dictaduras, el Régimen Chavista de Maduro y del Régimen Iraní.

El informe PISA, fue rechazado por el Tribunal Supremo por no llevar la firma completa del policía que lo realizó, sino solo el sello de la UDEF.

No llevaba la firma e identificación completa del Inspector Jefe correspondiente, porque el responsable del informe no se atrevió a plasmar su firma para no ser identificado, e incluso sancionado disciplinariamente, en su caso, ya que ese informe se elaboró al margen del procedimiento reglamentario.

Con independencia del informe PISA, la financiación inicial de Podemos no vino de la nada, no vino de un cupón de la ONCE o de la Primitiva, sino de una relación íntima y cotidiana con Venezuela, “asesorando” al régimen bolivariano, y los resultados para los venezolanos de esa “ayuda” están a la vista de todos…

Respecto a Iñigo Errejón, también fue denunciado por Manos Limpias,  por el fraude de una subvención o “beca” concedida por la Universidad de Málaga, por mediación de un catedrático de Podemos, “casualmente”, y cuyo disfrute le imponía una serie de requisitos y trabajos que debía realizar, y que por supuesto, no hizo. Ni en el fondo ni en la forma cumplía con esos requisitos.

La Universidad le sancionó disciplinariamente, obligándole a la devolución de la beca, e impidiéndole acceder a nuevas ayudas durante varios años.

Manos Limpias también denunció y fue condenado al tercer componente de la formación promotora de Podemos, Juan Carlos Monedero, Profesor en la Universidad Complutense, y con dedicación exclusiva, incumpliendo el régimen de incompatibilidades, que se saltó a la torera, beneficiándose de unas retribuciones que tenían que haber ido a la Universidad, por importe de casi medio millón de euros.

Fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses y obligado a devolver el dinero.

La respuesta de estos populistas predicadores fue personarse espuriamente como acusación popular contra el que suscribe y con el beneplácito cómplice del Juez Pedraz y el Fiscal Daniel Campos, fueron admitidos en el proceso, careciendo de toda legitimidad…

¡Así se escribe la historia de la infamia judicial en España!