El Gobierno tiene un buen lío entre manos con el conflicto que se ha generado entre los taxistas y los conductores que son titulares de licencias VTC. Una de las propuestas presentadas para contentar a los conductores de taxis consiste en la aprobación de un decreto-ley para atribuirle a las Comunidades Autónomas las competencias sobre la concesión de licencias de transporte. Sin embargo, la medida no se ajusta a la Constitución, como indica Santiago Muñoz Machado en un informe que se ha presentado por los representantes de los conductores con licencia VTC.

 

Hay que tener presente que no resulta posible transferir o delegar competencias del Estado a las Comunidades Autónomas mediante un decreto-ley, pues el artículo 86 de la Constitución establece que “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”. Puede concurrir, en el momento actual, la extraordinaria y urgente necesidad, pero el régimen de las Comunidades Autónomas está excluido de la reserva de los decretos-leyes.

 

La única opción para traspasar competencias sobre las licencias de transporte a las Comunidades Autónomas es la aprobación de una ley orgánica de transferencia o delegación. Esta norma se encuentra regulada en el artículo 150.2 de la Constitución, que indica que “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación” y que “La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”.


Como señala Santiago Muñoz Machado en el Tomo VI del Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público general, las leyes orgánicas de transferencia y delegación plantean una serie de cuestiones:

  • - Las leyes orgánicas de transferencia y delegación son normas distintas y separadas de los Estatutos de Autonomía.
  • - Las leyes orgánicas de transferencia y delegación pueden fijar mecanismos de vigilancia y control acentuados del Estado sobre las tareas ejecutivas desarrolladas por las Comunidades Autónomas.
  • - Las leyes orgánicas de transferencia y delegación tienen que utilizar de modo que no violenten el equilibrio de los poderes públicos establecido en la Constitución para realizar operaciones de transmisión de poderes singulares, relativas a concretas materias, y no de forma general y masiva.
  • - La utilización de las leyes orgánicas de transferencia y delegación debería referirse específicamente a las transferencias y delegaciones de competencias ejecutivas, aunque la práctica las ha hecho extensibles a la transmisión de competencias de desarrollo.

 

Ahora mismo parece complicado aprobar una ley orgánica de transferencia y delegación para que las Comunidades Autónomas puedan adoptar medidas sobre las licencias VTC. Sin embargo, aunque se pudiera aplicar esta idea, podría resultar insuficiente para los taxistas, ya que, simplemente, se trasladaría el conflicto a los territorios autonómicos.

 

La opción más adecuada desde una perspectiva jurídica es la expropiación de las licencias VTC mediante una ley o con procedimientos de privación singular de las autorizaciones hasta que se respetara la proporción de una licencia VTC por cada treinta de taxis que fija la normativa. El problema es que el Gobierno gastaría mucho dinero por el pago de las indemnizaciones por justiprecio, aunque no debería descartarse la posibilidad de expropiar las licencias VTC en favor de los taxistas para que ellos mismos pagaran las indemnizaciones correspondientes por su pretensión de acabar con sus principales competidores.