Un juzgado de Segovia ha estimado la demanda presentada contra Arriaga Abogados, despacho conocido por su lucha contra las cláusulas abusivas establecidas por entidades bancarias en prestamos con garantía hipotecaria. La pretensión del demandante se basaba en la solicitud de declaración de nulidad de una cláusula de un contrato de servicios de litigación, celebrado para presentar una demanda por una cláusula suelo. Concretamente, la cláusula controvertida indicada establece que “si el procedimiento judicial se gana con condena en costas, Arriaga Asociados percibirá las costas procesales y los intereses si los hubiera”.

 

La petición ante el órgano jurisdiccional se basaba en la falta de transparencia que implicaba la abusividad de la cláusula y su falta de validez conforme al artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que actualmente establece que “Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho”. La transparencia, según la Sentencia del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo, “debe garantizar asimismo que el consumidor está en condiciones de obtener, antes de la conclusión del contrato, la información necesaria para poder tomar su decisión con pleno conocimiento de causa”, de modo que, conforme a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de marzo de 2013, “el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste”.

 

El demandante afirmó y acreditó que no entendió el contenido de la cláusula señalada y que no le explicaron los aspectos contractuales destacados, con todo lo que ello implica, pues, además de restituir 9732,72 euros, que es la cantidad indebidamente percibida, Arriaga Abogados ha tenido que sufrir un fuerte golpe en su imagen.

 

Resulta fundamental garantizar la coherencia en las labores profesionales vinculadas con la abogacía. La razón se encuentra en la idea de la falta de legitimidad y credibilidad del abogado que ejecute aquellas prácticas contra las que afirma luchar, aunque es verdad que no son pocos los abogados que, por necesidad o por avaricia, deciden adoptar estrategias que, siendo moralmente criticables, si que pueden ayudar a obtener grandes beneficios.