La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ha añadido el artículo 20 bis al Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que indica que “Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”. Además, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ha introducido un inciso en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que ahora indica que los empleados públicos tienen derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos señalados en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

 

Ciertamente, el derecho a la intimidad de los trabajadores se encuentra reconocido en la Constitución de 1978. La Sentencia del Tribunal Constitucional 196/2004, de 15 de noviembre, establece que “El art. 18.1 CE confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido (SSTC 73/1982, de 2 de diciembre, FJ 5; 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 3; 89/1987, de 3 de junio, FJ 3; 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 3; 197/1991, de 17 de octubre, FJ 3, y en general las SSTC 134/1999, de 15 de julio, 144/1999, de 22 de julio, y 115/2000, de 10 de mayo)”, impidiendo así las injerencias en la intimidad que sean “arbitrarias o ilegales”. La misma resolución señala que “la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre ellos el derecho a su intimidad personal (por todas, STC 98/2000, de 10 de abril, FJ 6)”, ya que “Las organizaciones empresariales no forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa que establece el art. 38 del Texto constitucional legitima que quienes prestan servicios en aquéllas, por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares, deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central en el sistema jurídico constitucional (SSTC 88/1985, de 19 de julio, FJ 2; 106/1996, de 12 de junio, FJ 5;197/1998, de 13 de octubre, FJ 2, entre muchas otras)”.

 

La principal novedad de los preceptos antes indicados es el derecho a la desconexión digital, que se puede definir como aquel derecho de los trabajadores por el que no pueden ser obligados a permanecer pendientes para responder o actuar por los mensajes o actos de comunicación remitidos por motivos de la relación laboral que tienen con el empresario. Este derecho guarda una gran relevancia con el derecho a la intimidad, pero también tiene una fuerte vinculación con el respeto a las condiciones laborales relativas al horario, de modo que no se desarrollen por el trabajador, a través de dispositivos electrónicos, más horas de las que le corresponden por el contrato de trabajo.

 

El problema es que la precariedad laboral de España complica mucho el ejercicio del derecho a la desconexión digital. Muchos trabajadores no lo ejercerán para evitar disputas con el empresario, que es la persona de la que depende el puesto de trabajo de todos aquellos que lo ocupan mediante uno de los habituales contratos laborales temporales.

 

Hay que reconocer que el establecimiento del derecho a la desconexión digital para los trabajadores constituye una buena noticia. Sin embargo, es cierto que de poco sirve la existencia de ese derecho si no se implantan mecanismos adecuados para lograr garantizar su eficacia.