Santiago Abascal ha solicitado la detención de Quim Torra en varias ocasiones por las diversas conductas del presidente de la Generalitat de la Cataluña que manifiestan una clara deslealtad hacia España. Muchos han sido los momentos en los que esa detención se ha podido desear, siendo un buen ejemplo el de las declaraciones en las que solicitó que los ciudadanos defensores del secesionismo catalán emplearan la violencia para lograr la independencia de Cataluña mediante la vía eslovena. Recientemente, se ha podido saber que Quin Torra ha mantenido contactos directos con los CDR para coordinar sus movimientos.

 

El artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cualquier persona puede detener, entre otros, al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo y al delincuente in fraganti, existiendo obligación de detener para la autoridad o agente de Policía judicial. Sin embargo será muy difícil ver a Quim Torra detenido, pues las reglas del Estatuto de Autonomía de Cataluña dejan un escaso margen para poder presenciar esa escena por la inmunidad que tiene el líder secesionista.

 

Hay que tener presente que el artículo 57.2 de la norma señala que “Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito” y el artículo 70.1 indica que “El Presidente o Presidenta de la Generalitat y los Consejeros, durante sus mandatos y por los actos presuntamente delictivos cometidos en el territorio de Cataluña, no pueden ser detenidos ni retenidos salvo en el caso de delito flagrante”, de manera que solo se le podría detener durante o justo después de la realización de un acto claramente delictivo. Según la Sentencia del Tribunal Constitucional 243/1988, de 19 de diciembre, “La inmunidad, en cambio, es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento”, pudiendo destacarse que, conforme a lo indicado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 90/1985, de 22 de julio, “La amenaza frente a la que protege la inmunidad sólo puede serlo de tipo político y consiste en la eventualidad de que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular”.