Podrían invertirse 500 millones de euros más en las pensiones si el PP decidiera modificar el contenido de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado, antes de su definitiva aprobación. Para ello, sería suficiente con la adopción de una directriz política por la que la mayoría del grupo parlamentario popular trasvasara el dinero recogido en las partidas de obras públicas del País Vasco a las partidas de las pensiones públicas.

El PP podría, con una espectacular maniobra parlamentaria, mejorar un presupuesto que, impulsado por su propia iniciativa, resulta bastante injusto por derivar de un espectacular chantaje ejecutado por el PNV. Además, es cierto que incrementar el valor de las pensiones siempre será una opción más adecuada socialmente que destinar a Almería o a Alicante el dinero que iba a servir para financiar una obra pública en San Sebastián.

Todos los partidos políticos deberían estar a favor de una subida tan radical de las pensiones, aunque algunos grupos parlamentarios, como los del PSOE y Podemos, podrían tener problemas para determinar su postura por la afinidad que tienen con el PNV, de naturaleza política en el caso del primero y de naturaleza ideológica en el caso del segundo. Sin embargo, es cierto que el factor electoral tendría un gran peso.

Las partidas de los Presupuestos Generales del Estado que se destinarían a obras publicas del País Vasco servirían, fundamentalmente, para financiar la campaña electoral autonómica del PNV. Ese hecho provocaría que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quedasen en evidencia en el caso en el que prefirieran defender el interés de los nacionalistas vascos antes que el de los pensionistas si se pudiera sacrificar una gran parte de las inversiones vascas para aumentar el dinero destinado a las pensiones.

Muchos han afirmado que el PP va a modificar el contenido del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado por venganza, a pesar de haberse comprometido con el PNV para elaborar unas cuentas públicas. Sin embargo, esa idea es errónea, pues el PNV pactó con el Gobierno, no con el PP, de modo que, simplemente, se ha producido la transmisión de la obligación política de aprobar las cuentas, que antes correspondía a Mariano Rajoy y que ahora debería ser cumplida por Pedro Sánchez, tras el pacto hecho para adoptar la moción de censura, que implicó la asunción de una relevante deuda política de la que se ha podido librar el PP, que ahora tiene margen para actuar del modo más beneficioso para sus intereses, que coinciden, con los de los españoles que, estando en situación de jubilación, tienen complicaciones para mantenerse en un nivel de subsistencia digno.