Carmen Calvo ha afirmado que “la libertad sexual de las mujeres pasa por aceptar la verdad de lo que dicen, siempre”. Teniendo en cuanta declaraciones anteriores de la ministra y algunas propuestas ya realizadas en el pasado, cualquiera podría pensar que la dirigente del PSOE quiere que se crea a las mujeres siempre, sin tener presente que existe la presunción de inocencia. 

 

Son numerosas las normas que reconoce el derecho a la presunción de inocencia: el artículo 24 de la Constitución indica que todos tienen derecho a la presunción de inocencia; el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa; el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos indica que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada; y el artículo 48.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala que todo acusado se presume inocente mientras su culpabilidad no haya sido declarada legalmente. Los tratados expuestos deben tenerse en cuenta para interpretar y valorar la presunción de inocencia conforme al artículo 10.2 de la Constitución, que dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la misma norma reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

 

Una norma procesal que estableciera que cualquier afirmación o declaración de una mujer en un proceso penal contra el acusado debe tenerse por cierta y resultar suficiente para condenarle sería totalmente inconstitucional. Así se deduce de la Constitución y de las afirmaciones recogidas en relevantes resoluciones judiciales, como la Sentencia del Tribunal Constitucional 138/1992, de 13 de octubre, que establece que que la presunción de inocencia sólo se destruye cuando un Tribunal independiente, imparcial y establecido por la Ley declara la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con todas las garantías. Además, la misma resolución destaca que “la presunción de inocencia comporta en el orden penal al menos las cuatro siguientes exigencias: 1ª) la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una "probatio diabólica" de los hechos negativos; 2ª) solo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisor y con observancia de los principios de contradicción y publicidad; 3ª) de dicha regla general solo pueden exceptuarse los supuestos de prueba preconstituída y anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea o se prevea imposible y siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad de contradicción; y 4ª) la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exlusiva del juzgador, que este ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración. Son palabras de nuestra sentencia 76/1990, de 26 de abril”. Las pruebas utilizadas deben ser de cargo y tener un sentido inequívoco en apoyo de la acusación, siendo necesario que se haya producido una mínima actividad probatoria, pero suficiente y de signo incriminatorio.

 

Acabar con la presunción de inocencia de los hombres frente a las mujeres solo serviría para destruir definitivamente la igualdad, culminando un proceso iniciado hace más de una década, y ocasionar grandes injusticias que podrían quebrar la convivencia de un modo mucho más grave de lo que se pueda llegar a pensar mediante normas que generarían más problemas de los que podrían llegar a resolver.