El caso de Verónica, la joven que se suicidó tras conocer la difusión de un vídeo íntimo suyo, atrajo la atención de la opinión pública desde un primer momento. Se sabe, en relación con la naturaleza de la conducta consistente en divulgar un vídeo íntimo entregado voluntariamente por la persona que en el mismo aparece, que el artículo 197.7 del Código Penal indica que será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Dicho lo anterior, hay que destacar que existen dudas sobre una importante cuestión relativa a la responsabilidad penal por reenviar ese vídeo, teniendo presente que la Sentencia del Tribunal Constitucional 133/1987, de 21 de julio, señala que “el principio de legalidad penal garantiza, por un lado, el estricto sometimiento del Juez a la ley penal, vedando todo margan de arbitrio o de discrecionalidad en su aplicación así como una interpretación analógica de la misma; y por otro la seguridad del ciudadano en cuanto la certeza de la ley penal, cuya exigencia es inherente a dicho principio, le permite programar sus comportamientos sin temor a posibles condenas por actos no tipificados previamente. Veamos sucesivamente si la Sentencia impugnada ha infringido estos dos aspectos del principio de legalidad y, por consiguiente, el derecho al mismo derivado del art. 25.1 de la Constitución”.

 

Por regla general, reenviar un vídeo íntimo que ha sido remitido por aquel que consiguió el archivo de la víctima no constituye un delito del artículo 197.7 del Código Penal. La Circular de la Fiscalía General del Estado 3/2017, sobre la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015 de 30 de marzo en relación con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos de daños informáticos, establece que “el tipo penal del artículo 197.7 se ha configurado como un delito especial propio del que únicamente serían autores aquel o aquellos que, habiendo obtenido con la anuencia de la víctima la imagen o grabación comprometida inician, sin autorización del afectado, la cadena de difusión cediendo o distribuyendo dichos contenidos íntimos a otros, ajenos inicialmente -extranei-, a esa inicial relación con la víctima y a la obtención, por tanto, de la imagen o grabación comprometida”. El mismo documento señala que “cuestión distinta es la actuación de los terceros -extranei- que sin haber intervenido en la acción inicial antes descrita reciben en un momento posterior los contenidos comprometidos y los transmiten a otras personas distintas, conductas estas que, por mor de las posibilidades que ofrecen las herramientas tecnológicas, pueden reiterarse indefinidamente por una pluralidad de personas”, de manera que “dichos comportamientos, en principio, únicamente podrían dar lugar a la utilización de los mecanismos previstos en la L.O 1/1982 del protección civil del derecho al honor, a la Intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, aunque “habría de valorarse la posibilidad de apreciar la comisión de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 CP respecto de aquellos que, siendo extranei a la conducta del artículo 197.7, realizan ulteriores transmisiones a terceros de los contenidos comprometidos, a sabiendas de que la difusión se está llevando a efecto sin contar con la autorización del afectado y que la misma, en atención a la especial naturaleza de los contenidos y a las circunstancia concurrentes, puede menoscabar gravemente su integridad moral”.

 

Es posible que resulte adecuado mejorar la normativa para introducir mejoras en la redacción del artículo 197.7 del Código Penal, pero es cierto que puede no ser acertado sancionar la conducta de reenviar los vídeos íntimos remitidos por el que consiguió el archivo ya que, en un caso como el de Iveco, habría que sancionar penalmente a más de 2000 personas que, simplemente, carecen de educación y de sensibilidad.