Una de las noticias que está teniendo más trascendencia social es la relativa al cierre de las fábricas que Alcoa tiene en La Coruña y Avilés. Sus encargados alegan la existencia de costes vinculados con la energía eléctrica, algo que no tiene sentido por las subvenciones que recibió la compañía.

 

Ya se han escuchado algunas voces pidiendo la expropiación forzosa de la fábrica de Alcoa, a las que se ha contestado desde el Gobierno diciendo que España no es un Estado comunista. Efectivamente, aunque España no es un país en el que rija el sistema económico comunista, el artículo 33 de la Constitución, en relación con el artículo 128 de la misma norma, permite la expropiación forzosa de bienes y derechos por motivos de utilidad pública o interés social por un procedimiento, en el que se realizarán la privación singular y el abono de la correspondiente indemnización.

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 204/2004, de 18 de noviembre, indica que es “necesario, para que se aplique la garantía del art. 33.3 CE, que concurra el dato de la privación singular característica de toda expropiación, es decir, la substracción o ablación de un derecho o interés legítimo impuesto a uno o varios sujetos, siendo distintas a esta privación singular las medidas legales de delimitación o regulación general del contenido del derecho”. La misma resolución también establece que es “obvio que la delimitación legal del contenido de los derechos patrimoniales o la introducción de nuevas limitaciones no pueden desconocer su contenido esencial, pues en tal caso no cabría hablar de una regulación general del derecho, sino de una privación o supresión del mismo que, aun cuando predicada por la norma de manera generalizada, se traduciría en un despojo de situaciones jurídicas individualizadas, no tolerado por la norma constitucional, salvo que medie la indemnización correspondiente”.

 

El problema es que no es tan fácil proceder con la expropiación forzosa de las fábricas de Alcoa. Hay las autoridades públicas competentes deben querer ejercitar la potestad expropiatoria y, además, resulta indispensable que en el ente administrativo competente se tenga dinero o conocimiento de alguien que quiera y pueda convertirse en el nuevo propietario de las instalaciones pagando la indemnización. También hay que analizar las posibles reacciones que pudiera tener la compañía de cara al futuro por la expropiación, que podría causar un desvarajuste si, finalmente, la sociedad encargada de la gestión de la empresa decidiera poner freno a sus actividades en España.

 

Lo único que queda por hacer es esperar al final de los acontecimientos, de los que se debe aprender mucho. Entre otras cosas, ya existe la certeza de que entregar subvenciones para atraer a grandes compañías es una idea que parece rentable pero que, ciertamente, puede llegar a ser contraproducente si no se obtienen garantías sobre el mantenimiento de sus actividades empresariales en el territorio español.