Cristiano Ronaldo reconoció que pagó a Kathryn Mayorga, que le acusó por haber cometido contra ella un delito de violación, 375.000 dólares para resolver la reclamación en 2010, según unos documentos judiciales analizados por un medio de comunicación estadounidense en relación con la demanda que la joven presentó contra el futbolista tras archivarse las actuaciones procesales penales. Dicho lo anterior, debe destacarse que la existencia del pago no constituye un indicio suficiente para condenar por un delito de abuso o de agresión sexual a Cristiano Ronaldo, pues pudo decidir realizar el abono por haber desarrollado otra conducta lesiva carente de la entidad suficiente para constituir un delito.

 

Con el caso de Cristiano Ronaldo es posible plantear si un acuerdo como el alcanzado por el futbolista con Kathryn Mayorga sería válido en España, cuyo Código Civil establece en su artículo 1813 que “Se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito; pero no por eso se extinguirá la acción pública para la imposición de la pena legal”. Del precepto indicado se deduce que no se puede celebrar una transacción sobre la acción para promover la persecución de un delito público y que si se puede celebrar ese contrato para evitar un proceso penal por un delito de calumnia o un delito de injurias, pues ambos delitos son privados en la medida en que se solo puede condenar a una persona por esas conductas cuando el ofendido presente una querella. El problema es que puede haber dudas con los delitos semipúblicos, pues, como señala Jaime Vegas Torres en su manual Apuntes de Derecho Procesal Penal, "son delitos semipúblicos aquellos cuya persecución requiere previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal; producida la denuncia, el proceso se desarrolla como si se tratase de delitos públicos", algo que ocurre con los siguientes delitos del Código Penal: el homicidio por imprudencia menos grave del artículo 142.2; las lesiones que no requieran tratamiento médico o maltrato sin causar lesión por el 147.4; las lesiones por imprudencia menos grave del artículo 152.2; la práctica de reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento del artículo 162; las amenazas leves del artículo 171.7; las coacciones leves del artículo 172.3; el acoso del artículo 172 ter; las injurias en el ámbito familiar del artículo 173.4; las agresiones, el acoso y los abusos sexuales por el artículo 191; el descubrimiento y revelación de secretos del artículo 201; el abandono de familia y la conducta de dejar de pagar pensión de alimentos por el artículo 228; los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros del artículo 267; los delitos relativos al mercado y a los consumidores del artículo 287; y los delitos societarios por el artículo 296.

 

Lo lógico sería admitir la validez de los pactos de silencio entre autor y víctima para evitar procesos penales por los delitos en los que el perdón del ofendido extingue la acción penal, conforme al artículo 130 del Código Penal, que establece que la responsabilidad criminal se extingue por “el perdón del ofendido, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias del agraviado o la ley así lo prevea”, siendo delitos cuya acción para la persecución se extingue con el perdón del ofendido los delitos de calumnias, injurias, descubrimiento y revelación de secretos y daños por imprudencia grave, sin que pueda extinguirse por el perdón del ofendido la acción para perseguir los delitos de abuso, agresión y acoso sexual, según el artículo 191.2 del Código Penal. El pacto de silencio celebrado en los casos en los que no pudiera considerarse válido también podría ser útil para el autor del delito, ya que la cantidad pagada como indemnización si serviría a los efectos de reparar los daños e indemnizar los perjuicios, pudiendo llegarse a atenuar la pena conforme al artículo 21 del Código Penal.