La Sentencia del Tribunal Supremo 725/2018, de 19 de diciembre, indica cómo deben calcularse los intereses devengados por las cantidades que el banco debe abonar al prestatario tras la declaración de nulidad de la cláusula de atribución de gastos para la celebración y formalización de un contrato de préstamo hipotecario. Ciertamente, la cuestión es relevante en la medida en que las cantidades de dinero incluidas en los intereses pueden llegar a ser altas.

 

Hay que tener presente el razonamiento de la Sentencia del Tribunal Supremo 725/2018, de 19 de diciembre. La resolución establece que declarada la nulidad de la cláusula y su expulsión del contrato, habrá de actuarse como si nunca se hubiera incluido en el contrato, debiendo afrontar cada uno de los gastos discutidos la parte a cuyo cargo corresponde, según el ordenamiento jurídico, señalando que “El efecto restitutorio derivado del art. 6.1 de la Directiva 93/13 no es directamente reconducible al art. 1303 CC cuando se trata de la cláusula de gastos, en tanto que no son abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver (como intereses o comisiones), sino pagos hechos por el consumidor a terceros (notario, registrador de la propiedad, gestoría, tasador, etc.), en virtud de la imposición contenida en la cláusula abusiva”, pero, “como el art. 6.1 de la Directiva 93/13 exige el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, debe imponerse a la entidad prestamista el abono al consumidor de las cantidades, o parte de ellas, que le hubieran correspondido pagar de no haber mediado la estipulación abusiva”.

 

El análisis y la conclusión de la Sentencia del Tribunal Supremo 725/2018, de 19 de diciembre, son totalmente acertados atendiendo a la Directiva 93/13, que, según la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, “impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores» (sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, apartado 78)”, debiendo destacarse que, “Para lograr tal fin, incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultado para modificar el contenido de la misma (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 65)”.

 

La situación es bastante curiosa. Desgraciadamente, cada vez deberían ser menos las controversias existentes, pero las mismas parecen mantenerse y no es descabellado pensar que puedan llegar a incrementarse, pues todavía son numerosas las cuestiones relativas a la incidencia de las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario celebrados con los consumidores y las entidades bancarias están luchando de manera contundente para proteger sus intereses.

 

Se está comentando que la normativa sobre préstamos hipotecarios que se va a aprobar va a resolver numerosas cuestiones problemáticas. Sin embargo, sabiendo como se elaboran las leyes y como actúan las entidades bancarias, se puede decir que los conflictos entre prestamistas y consumidores prestatarios seguirán existiendo con la misma intensidad que la mostrada hasta ahora.