En el mes de noviembre del año pasado, se publicó la “Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género”, que fue elaborada por el grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial en materia de violencia doméstica y de género, compuesto por Mª José Barbarín Urquiaga, Mª Auxiliadora Diaz Velázquez, Gemma Gallego Sánchez, José María Gómez Villora, Vicente Magro Servet, Almudena Nadal Siles, Ricardo Rodríguez Ruiz y María Tardón Olmos, presidido por Mª Ángeles Carmona Vergara y siendo vocal del Observatorio, Carmen Llombart. Ese documento ha empezado a cobrar una especial relevancia en algunos medios de comunicación por algunos comentarios que, desde la prensa, se han vertido sobre el documento.

 

La citada guía contiene algunas afirmaciones que pueden resultar polémicas. Concretamente, establece que la Administración de Justicia no puede recibir a la víctimas cuestionando la veracidad de lo que está denunciando porque ello quedará a la valoración de la prueba por el juez de enjuiciamiento tras el juicio correspondiente, destacando que el primer contacto con el sistema no puede conllevar un rechazo de los encargados de recibir a las víctimas cuestionando que sea cierto lo que está contando, pues ello constituye “maltrato institucional”, que debe evitarse en la medida en que la víctima rechazará seguir con el procedimiento y no querrá prestar declaración cuando se le reclame, con la consecuencia de que ello derive en una resolución de archivo o en una sentencia absolutoria que más tarde le cuestione en su credibilidad si vuelve a presentar una denuncia por otro hecho de maltrato. Además, el mismo documento indica que hay que plantearse que considerará la víctima “si le hacemos creer que el sistema le responsabiliza a ella, o no la cree, o le trata mal la víctima considerará que se está aminorando la responsabilidad del agresor, o que el sistema le acaba protegiendo a él, haciendo a la víctima responsable de que sea maltratada, lo que le provocará un mal mayor que el que tenía antes de acudir al sistema judicial”, pero eso no puede “implicar una inversión de la carga de la prueba o una vulneración del Derecho a la presunción de inocencia y del resto de derechos del investigado”.

 

Hay que tener presente que la “Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género” es un documento que puede resultar muy útil siempre y cuando sea correctamente interpretada, pues hay que tratar correctamente a la denunciante sin cuestionar irrespetuosamente su declaración, algo lógico por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, cuyo artículo 3.1 señala que “Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso”. Sin embargo, no se debe impedir que se proceda con la búsqueda de inexactitud o de faltas de coherencia, que deberá desarrollarse de manera discreta mediante la solicitud de todos los detalles que puedan servir para el esclarecimiento de los hechos.

 

Se necesita buscar la veracidad de la declaración de la denunciante en los casos de violencia de género debido a la presunción de inocencia, recogida en el artículo 24 de la Constitución como un elemento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sobre el que la Sentencia del Tribunal Constitucional 38/1992, de 13 de octubre, establece que “Entre las múltiples facetas de este concepto poliédrico hay una, procesal, que consiste en desplazar el "onus probandi", con otros efectos añadidos. En tal sentido hemos dicho ya que la presunción de inocencia comporta en el orden penal al menos las cuatro siguientes exigencias: 1ª) la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una "probatio diabólica" de los hechos negativos; 2ª) solo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisor y con observancia de los principios de contradicción y publicidad; 3ª) de dicha regla general solo pueden exceptuarse los supuestos de prueba preconstituída y anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea o se prevea imposible y siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad de contradicción; y 4ª) la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exlusiva del juzgador, que este ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración”. Sin embargo, la verosimilitud en las palabras de la denunciante deberá corroborarse con una contundencia que no sobrepase las barreras de un tratamiento digno a su persona y que servirá para verificar la celebración del juicio oral, cuyo contenido determinará la sentencia que dicte el juez o tribunal al que corresponda el enjuiciamiento.