Ya ha finalizado el juicio oral en la Causa especial 20907/2017, desarrollada ante el Tribunal Supremo contra los líderes secesionistas de Cataluña y se pueden analizar cuestiones muy diversas e interesantes, aunque parece llamativa la estrategia de defensa utilizada por los causados frente a los informes del Ministerio Fiscal. Precisamente, los abogados de los dirigentes independentistas han utilizado la semana que han tenido para estudiar los informes de las partes acusadoras y han conseguido organizar su defensa en torno al reconocimiento de un delito de desobediencia. Destaca entre ellos Javier Melero, que fue muy expresivo al decir que estaba dispuesto a ceder la trinchera de la desobediencia con gusto, algo lógico teniendo presente que la pena por ese delito no implica el ingreso en un establecimiento penitenciario.

 

El delito de desobediencia se encuentra regulado en el artículo 410 del Código Penal, que establece que “Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”. La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2001 analiza este delito e indica que “como señala la Jurisprudencia de esta Sala (S.S.T.S., entre otras, de 18/4, 11/10/97 o más recientemente 13/6/00) el tipo básico de desobediencia funcionarial constituye una infracción de mera actividad (o inactividad) que no comporta la producción de un resultado material, y por ello no se anuda al mismo la realización de un acto concreto, positivo, sino que basta la mera omisión o pasividad propia de quien se niegue a ejecutar una orden legítima dictada dentro del marco competencial de su autor, abarcando tanto la manifestación explícita y contundente contra la orden como la adopción de una actitud reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento a lo mandado, debiendo predicarse el adverbio abiertamente tanto de un supuesto como de otro”, destacando la resolución judicial que “Su empleo por el Legislador equivale, también según el sentido mayoritario de la doctrina y la Jurisprudencia, a la exclusión de la comisión culposa en el sentido de que el delito sólo admite la dolosa, exigiéndose por ello que la oposición se exprese de manera clara y terminante, sin que pueda confundirse nunca con la omisión que puede proceder de error o mala inteligencia, exigiéndose por ello la intención de no cumplirse (S.T.S. de 15/2/90 y las recogidas en su fundamento de derecho primero)”. La Sentencia del Tribunal Supremo 8/2010, de 20 de enero, establece que “la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre el delito de desobediencia ha destacado que este delito requiere la existencia de una orden expresa que sea desobedecida, exigencia es continuamente señalada por la jurisprudencia de esta Sala. Así en las SSTS 285/2007 y 394/2007 , por citar dos Sentencias recientes, destacan "el delito de desobediencia, desde el punto de la vista de la tipicidad, requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta, emanado de la autoridad o sus agentes y que debe hallarse dentro de sus legales competencias; b) que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido; c) la resistencia del requerido a cumplimentar aquello que se le ordena, lo que equivale a la exigible concurrencia del dolo de desobedecer, que implica que frente al mandato persistente y reiterado se alce el obligado a acatarlo y cumplirlo en una oposición tenaz, contumaz y rebelde”.

 

Para poder entender el delito de desobediencia se pueden observar algunos ejemplos. En primer lugar, se puede destacar el caso de Francisco Javier León de la Riva, que fue alcalde de Valladolid y que terminó siendo condenado por un delito de desobediencia al haber demorado durante varios años la ejecución de una sentencia judicial que le obligaba a restaurar la legalidad urbanística en el edificio de Caja Duero, en la Plaza de Zorrilla. En segundo lugar, se puede hablar del caso de Artur Mas y Francesc Homs, que fueron condenados con la pena de inhabilitación especial para cargo público por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional al no acatar la orden de suspensión de la consulta soberanista del día 9 de noviembre de 2014.

 

Parece una broma que se hable de un delito de desobediencia en torno a unos hechos basados en la ejecución de un plan que todos descubrieron y que se terminaron consolidando con la declaración de independencia de Cataluña, que, aunque se suspendió, supuso la consumación de un delito más grave que el de desobediencia. Por ese motivo, pudo haber sedición o rebelión, pero resulta imposible pensar que hubo una simple desobediencia.