Se ha comunicado desde el Gobierno que se va a producir un incremento de los impuestos que va a equivaler a 26000 millones en los próximos cuatro años. Teóricamente, esa subida de impuestos afectaría, únicamente, a las grandes compañías y a las personas con extensos patrimonios y amplias rentas. Por ese motivo, podría considerarse que es necesario mantener la calma y pensar que la subida de la presión fiscal no va a afectar a las personas físicas que de encuadran en las clases medias y en las clases bajas ni a las personas jurídicas de pequeñas dimensiones. El problema es que es difícil creer que ello sea cierto.

 

Las personas físicas y jurídicas que tienen grandes patrimonios y obtienen enormes rentas ostentan medios suficientes para poder tributar menos de lo que muchos puedan llegar a pensar. Por un lado, se puede hablar del clásico fraude fiscal mediante personas jurídicas interpuestas domiciliadas en paraísos fiscales. Por otro, es fácil hablar de las obras de ingeniería fiscal que se utilizan para que las grandes compañías puedan pagar cuotas reducidas a partir de la normativa fiscal o retrasar el pago de las mismas por el desarrollo de procedimientos administrativos y de procesos judiciales qje tardan años en acabar. Además, habría que contar con la fuga de compañías tecnológicas por la “Tasa Google”.

 

El planteamiento fiscal del Gobierno es deficiente y engañoso. Se dice que solo los ricos pagarán más impuestos, pero, aunque ello sea verdad, no se recaudará tanto como se ha dicho. La subida de impuestos la terminarán sufriendo los ciudadanos de las clases medias, que terminarán viendo como se suprimen reducciones, deducciones y bonificaciones fiscales con disposiciones adicionales de leyes tributarias que no serán descubiertas hasta la campaña correspondiente y que, posteriormente, serán olvidadas.

 

En cualquier caso, aunque se pueda recaudar más de la mitad de lo que se afirma desde el Gobierno, habría que tapar unos cuantos agujeros, como los de las redes clientelares montadas y los del sistema de regadío con dinero público a base de prestaciones sociales que, por darse ahora, no se podrán dar cuando, en el futuro, se requieran con más urgencia.

 

Fácil es hablar, pero complicado es lograr que se pueda ejecutar un razonamiento fiscal como el del Gobierno actual, que prefiere aportar la información justa y necesaria gastando más dinero del que corresponde para que el PSOE no sufra castigos electorales.