Uno de los aspectos positivos de la campaña electoral por las elecciones generales del día 28 de abril es que se han conseguido poner el foco del debate sobre la cuestión de la recentralización de las competencias de las Comunidades Autónomas, que, por la ambigüedad y falta de claridad de los artículos 148 y 149 de la Constitución, se han convertido en 17 entidades mastodónticas que no resultan tan eficientes como debieran.

 

El PSOE y los partidos nacionalistas han criticado las propuestas de recentralización que se han expuesto por Vox y, debido a la presión del partido dirigido por Santiago Abascal, por el PP. Parece lógico que los independentistas se opongan a una reforma que le quite competencias a las entidades administrativas autonómicas y no resulta extraña la oposición de otros partidos políticos con interés en el mantenimiento del sistema autonómico por las implicaciones que tienen las competencias.

 

Lo relevante de las competencias es que su asunción por una Comunidad Autónoma genera para las mismas el derecho a percibir una cantidad de dinero aportada por el Estado, que será utilizada or los dirigentes autonómicos con suficiente discrecionalidad dentro de los márgenes marcados presupuestariamente. De esa manera, los Gobiernos autonómicos correspondientes consiguen sumas de dinero que, de otro modo, no les habría correspondido obtener.

 

Son varios los chiringuitos que, lamentablemente, se han podido construir abusivamente durante los últimos años utilizando dinero del Estado aportado para el correcto ejercicio de las competencias autonómicas. Es fácil hablar del caso de Cataluña, pero también se puede hablar de Andalucía con el PSOE y de la Comunidad Valenciana con el PP, Comunidades Autónomas en las que se han montado grandes tramas de corrupción pública.

 

Recentralizar muchas competencias autonómicas es viable y necesario. Por un lado, se evitarían numerosas duplicidades y, por otro, se lograría una importante reducción del gasto público., siendo cierto que, por la recentralización, ya no sería necesario reformar los mecanismos de financiación de las Comunidades Autónomas, que han sido muy criticados por varios líderes autonómicos que reclaman mejoras del sistema de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de 1980.