El panorama representativo de los ciudadanos en el Congreso resulta desolador desde la perspectiva de la igualdad y de la solidaridad entre los españoles, asomando la cabeza un claro sentimiento de pugna entre regiones que intentan conseguir ventajas económicas y sociales para sus habitantes aunque su objetivo pueda conllevar perjuicios por las consiguientes desventajas que, ante el coste de oportunidad, corresponda sufrir a los habitantes de las demás regiones, ya que, lamentablemente, no abundan los diputados como Ana Oramas.

Un buen ejemplo del fenómeno descrito es el de los partidos políticos nacionalistas, como el PNV o ERC, cuyas pretensiones secesionistas les han valido durante años para conseguir una mayor financiación en los territorios autonómicos por los que presentan listas. Sin embargo, el Partido Regionalista Cántabro y Teruel Existe han demostrado que, sin finalidades independentistas, también se puede obtener una representación en el Congreso lo suficientemente determinante como para condicionar la aritmética parlamentaria e incidir en actos tan relevantes como la formación del Gobierno.

Parece que el futuro que se vislumbra para la política española incluirá el progresivo incremento del número de partidos políticos de carácter provincial o autonómico que, dadas las condiciones del sistema electoral general, conseguirán tener una representación parlamentaria lo suficientemente fuerte como para poder incidir en la configuración del Gobierno, aunque, cuando se alcance un punto de saturación con una enorme fragmentación política e ideológica, los mecanismos de negociación quedarán colapsados ante la imposibilidad de poder alcanzar mayorías suficientes por la dispersión de los grupos parlamentarios y de los intereses de los mismos, que se encontrarán mas distanciados que nunca por hallarse enfocados fundamentalmente en la región a cuyos votantes representen.

La única manera efectiva de combatir la disgregación regionalista que se está comenzando a desarrollar en España es realizar una reforma del régimen electoral general que impida el acceso al Congreso para aquellos partidos políticos que no logren, al menos, un 5% de los votos totales en todo el Estado, como propuso Ciudadanos. De ese modo, se podrá garantizar la igualdad y la solidaridad que deben existir conforme a los artículos 2, 14 y 139 de la Constitución.

Es cierto que los grandes partidos políticos, el PP y el PSOE, pueden no estar incómodos con la situación actual, pero podrán llegar a estar interesados en una alteración de las condiciones del juego electoral en el sentido propuesto cuanto sus cuotas de poder se reduzcan hasta niveles que puedan hacer peligrar sus márgenes de actuación política.