Con el intento ilegal, inconstitucional, sectario, demoledor para la convivencia y sintomático del intento de cambio de régimen auspiciado por el guerra-civilista Pedro Sánchez, nos adentramos en lo imprevisible e indeseado por los autores del historicidio: Francisco Franco vuelve de la historia a la política y su régimen concita el interés de la juventud, los historiadores y los estudiosos del derecho constitucional y la ciencia política.

 

Por ello y dado que durante cuarenta años se omitió, deliberadamente, tanto en los libros de texto como en las universidades, toda referencia a su régimen, el más largo y fructífero de la historia de España en el siglo XX y, en el segundo aspecto, desde Felipe II. ¿A qué se debe esta omisión culposa?, ¿Porqué se hurta a las generaciones venideras todo conocimiento sobre su inmediato pasado, mientras la propaganda partidista de sus enemigos, derrotados en 1939, hacen el trabajo de blanqueo de la II Republica y la demonización de Franco?. ¿Qué interés esconde tal proceder?. Y, sobre todo, ¿Qué soluciones aportaría, hoy, el régimen anterior, para salir de la actual crisis institucional, política y económica en que nos encontramos?.

 

En definitiva convendría saber los conceptos y su derivada, las instituciones, salvables del régimen de Francisco Franco y que mejorarían las actuales, ya que su “mandato comisorio” en acertado diagnostico de Gonzalo Fernández de la Mora, desde el 1 de Octubre de 1936, refrendado con la victoria el 1 de Abril de 1939, es irrepetible y terminó con su fallecimiento. La excepcionalidad y amplitud de los poderes de Francisco Franco, configurado a su carácter y formación militar, explican su comportamiento en la Jefatura del estado durante cuarenta años, imposibilitando la repetición, pero no su estudio, análisis y verificación de los vectores políticos en los que ejemplifica la solución a los males que nos aquejan, no muy diferentes a los que le toco, en su época, vivir y enfrentarse.

 

La configuración del Estado Español, con Franco, no es sólo un modelo institucional, o la manifestación concreta de su prudencia política, fidelidad a su patria y justicia social. Es, en la historia de las ideas, el reflejo del ideario de las encíclicas papales como “La Rerum Novarum” y de doctrinarios como Ramiro de Maeztu, Víctor Pradera, R. Ledesma Ramos o J.A. Primo de Rivera. Sólo se apartó de ese doctrinarismo, dos veces, 1) cuando fomentó la instauración de la Monarquía, declarando al estado español como Reino, en las Cortes de 26 de Julio de 1947 en que se elabora la Ley de Sucesión, posibilitando un rey o regente. 2) cuando prefirió el desarrollo económico y social de su pueblo, a la ideología.

 

La estructura ideológica, configuradora del Estado, se resumía: Unidad de la patria; concepto tradicional de España conforme a la moral católica; la soberanía nacional, hispanidad; la representación orgánica con un ejecutivo fuerte y meritocrático; la limitación del poder, con un sindicalismo vertical, en el estado; la primacía del Derecho, con independencia de sus tribunales, tanto en el nombramiento como en el ascenso en la carrera; la economía de iniciativa privada, con intervención mínima del Estado; y la revolución social en la enseñanza, con la creación de la seguridad social, el INSS y la Sanidad publica y gratuita.

 

Otro aspecto básico es el organicismo social que caracterizó el régimen de Francisco Franco, fue suprimir el monopolio, por falsario y superfluo, a los partidos políticos como representantes de la sociedad civil en los órganos de poder del Estado. Aquí los poderes facticos, de hecho y de derecho, fueron la sociedad civil orgánicamente vertebrada en torno a: la familia, el municipio, el sindicato y las corporaciones de derecho publico (colegios profesionales, patronal etc.); la Iglesia, el Ejercito y las élites del “movimiento comunión” formado por la falange y los tradicionalistas.

 

Siguiendo con el aspecto político de la genuina “era de Franco”, que configuró la España que heredamos, con su magistratura suprema, personal y excepcional, provocada por la guerra, su conducción y victoria, como Julio Cesar, instaura una legalidad previamente existente modificando aquellos aspectos que hicieron inviable esa legalidad: representación de los órganos de gobierno a través de los partidos políticos; elecciones periódicas a través de ellos como forma de encarnar la soberanía popular; control o censura de los medios de comunicación; supresión de la iglesia y las ordenes religiosas y confiscación de sus bienes; imposición de sindicatos de clase; supresión de la propiedad privada y colectivización de los medios de producción; supresión o fidelización del ejercito a los designios del poder ejecutivo; supresión de las magistraturas y justicia independiente; establecimiento de un estado laico; expropiación de las tierras y colectivización en la explotación de las mismas; sumisión al comunismo impuesto en la URSS por Lenin y Stalin, como ideal colectivo nacional; forma de gobierno y Estado republicanos; y persecución a todo disidente que se opusiera a tal legalidad, con sanciones de todo tipo, incluso con la detención y la muerte.

 

Contra esa legalidad republicana, dudosa en origen y claramente ilegitima en su ejercicio, tuvo que rebelarse una parte de la sociedad y del ejercito en 1936. De ahí que su mandato se caracterizara por la ausencia de cuanto había contribuido a ese enfrentamiento civil, y a la búsqueda de una alternativa nacional, diferente a los totalitarismos, en boga en Europa y el mundo. Por ello optó, el generalísimo de los ejércitos y estadista excepcional, Francisco Franco, por la novedad del organicismo social que predicaba el idealismo alemán de Krause, Fichte o Hegel y que ya venía siendo promovido por Salvador de Madariaga, Fernando de los Ríos, Giner, Salmerón o Besteiro. Ello supuso el que no fuera considerado un anacronismo social, político y, menos aun, económico, y que contribuyera a la paz social y el desarrollo económico de aquel régimen.

 

Aún persiste hoy vestigios de aquella democracia orgánica como solución a los más graves problemas sociales que nos aquejan. Aún se reconoce al corporativismo un punto de inflexión en la evolución del estado liberal desde la legalidad a la realidad. En definitiva, la representatividad orgánica de los cuerpos intermedios puede ser negada o combatida por la Ley; pero resulta indestructible, porque es una imponente realidad social y no ha podido ser desarraigado a pesar del esfuerzo de décadas de predicación de las oligarquías partitocráticas para absorber todo el control de la representación política. Así se suscribieron, al margen del parlamento los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977; el Acuerdo Básico de 1979; el Acuerdo Marco Interconfederal de 1980; el Acuerdo Nacional de Empleo de 1981; y el Acuerdo Económico y Social (AES), firmado el 8 de Octubre de 1º984.

 

Este tipo de actuaciones gubernamentales donde tanto los sindicatos obreros, como los empresarios, firman en un plano de igualdad con el presidente del gobierno, denotan la instauración necesaria de una democracia orgánica paraconstitucional al margen de los órganos representativos del Estado. Claro testimonio del renacimiento de la representación orgánica.