La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia con la que ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que en presentó un grupo de parlamentarios catalanes, que deberán abonar las costas procesales, contra el Real Decreto publicado el 27 de octubre de 2017 que impuso la disolución de la cámara, la convocatoria de elecciones y otras medidas acordadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, cuya aplicación por la iniciativa del Gobierno con el aval del Senado en octubre de 2017 sobre Cataluña se puede entender totalmente respaldada. La resolución indicada establece que “la gravedad extraordinaria de lo sucedido no parece necesitar de más explicación”, pues la situación que habilitó la aplicación de la coerción estatal regulada en el artículo 155 de la Constitución “ha surgido porque poderes constituidos, los de la Generalidad de Cataluña, sin observar el procedimiento de su reforma sino en franca vulneración de la Constitución optaron por separar esa Comunidad Autónoma de España”, siendo cierto que, aunque “no hay una relación tasada de medidas que pueden adoptarse al amparo del artículo 155 de la Constitución”, hay que utilizar las que resulten “útiles para hacer frente a actuaciones contra las que no sirven las respuestas ordinarias que pueden ofrecer los órganos constitucionales en su normal funcionamiento”.

 

Hay que destacar que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución es muy relevante porque, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expone un razonamiento interpretativo de la Constitución en lo que respecta a la legalidad de las medidas aplicadas pornos coerción estatal que podría ser reproducido por el Tribunal Constitucional al resolver los dos recursos de inconstitucionalidad que presentaron diputados de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso y el Parlamento de Cataluña. Sin embargo, es cierto que la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional será más relevante por el desarrollo interpretativo que contendrá del artículo 155 y más criticada por su fallo, aunque parece que las quejas procederán de los grupos secesionistas de Cataluña, pues hay numerosos argumentos para defender la constitucionalidad de la coerción estatal sobre las instituciones catalanas y muchos motivos para pensar que la aplicación del artículo 155 de la Constitución fue excesivamente blanda por la corrección política cuando se necesitaba hablar de corrección jurídica.