El abogado de Ana Julia Quezada, en un primer momento, alegó que su cliente había causado la muerte del niño Gabriel por un imprudencia, de manera que la pena que se le debía imponer a la dominicana no podía superar los cuatro años de prisión conforme al artículo 142.1 del Código Penal. Por ese motivo, la mujer no escatimó en lágrimas ni en actos interpretativos de un dolor que pretendía ser muestra de un descuido y del arrepentimiento por el mismo.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 44/2019, de 1 de febrero, indica que ”es importante reseñar ahora que, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, actuar con dolo significa conocer y querer los elementos objetivos que se describen en el tipo penal; sin embargo, ello no excluye un concepto normativo del dolo basado en el conocimiento de que la conducta que se realiza pone en concreto peligro el bien jurídico protegido, de manera que en su modalidad eventual el dolo radica en el conocimiento del peligro concreto que la conducta desarrollada supone para el bien jurídico, pese a lo cual el autor lleva a cabo su ejecución, asumiendo o aceptando así el probable resultado que pretende evitar la norma penal”. Por otro lado, según la Instrucción 3/2006, de 3 de julio, sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a motor, “la Sala 2ª ha definido la imprudencia grave como “la ausencia absoluta de cautela causante de un efecto lesivo o dañino fácilmente previsible”, “el olvido total y absoluto de las más elementales normas de previsión y cuidado, aquellas que la persona menos cuidadosa hubiera adoptado” o “aquella que se caracteriza por imprevisiones que eran fácilmente asequibles y vulgarmente previsibles”; y en relación con el tráfico rodado, como “la más grave infracción de las normas de cuidado formalizadas en la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial” o la “vulneración de las reglas más elementales de cautela o diligencia exigibles en la conducción””, en la medida en que “en la imprudencia simple se acusa la “omisión de la atención normal o debida en relación con los factores circunstanciales de todo orden que definen el supuesto concreto” o “la infracción de un deber de cuidado de pequeño alcance””, siendo cierto que, como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo 966/2003, de 4 de julio, “En nuestro derecho positivo no hay módulos legales que sirvan para medir la intensidad de la imprudencia a los efectos de calificarla como grave o leve”, pero se sabe que “el criterio fundamental para distinguir entre ambas clases de imprudencia ha de estar a la mayor o menor intensidad o importancia del deber de cuidado infringido, ya que la infracción de tal deber constituye el núcleo central acerca del cual gira todo el concepto de imprudencia punible”, y, aunque “este criterio es demasiado genérico como para que pueda servir en los casos dudosos a los efectos de encuadrarlos en una u otra de tales dos modalidades”, se ha reconocido que “Las circunstancias del caso concreto son las que sirven de guía para calificar una conducta imprudente como grave o como leve”.

 

Son muchos los casos en los que hay dudas sobre si existe dolo, con intención y conocimiento de lograr el resultado incluido en cada precepto regulador de conductas sancionadas por el Derecho Penal, o imprudencia, con la realización de una actuación descuidada que, por tener menos gravedad, merece una menor pena y, en ciertas ocasiones, la exclusión de la responsabilidad penal. Sin embargo, dadas las circunstancias del caso de la muerte del niño Gabriel según las pruebas practicadas en el juicio, no parece que se pueda decir que la actuación de Ana Julia Quezada se debiera a una falta de diligencia de la dominicana.

 

Es cierto que se alegó la concurrencia de circunstancias atenuantes por la colaboración con la justicia, la actuación por arrebato y la actuación bajo los efectos de sustancias tranquilizantes. La existencia de las mismas no se pudo acreditar, de manera que no será posible ver rebajada la pena de una mujer que se ha comportado como una verdadera sociópata.

 

El abogado de Ana Julia Quezada, como buen profesional, hizo todo lo que puedo para rebajar la condena a imponer a su cliente, que, aunque no debería pasar menos de 20 años en la cárcel, tendrá tiempo suficiente para arrepentirse de manera verdadera y profunda por lo que hizo sin tener la mente puesta en librarse de la pena de prisión permanente revisable.