En la vergonzosa entrevista que TVE realizó a Arnaldo Otegi, terrorista y miembro de Bildu que algunos consideran hombre de paz, el dirigente abertzale indicó que lo siente de corazón si han generado más dolor a las víctimas del necesario o del que tenían derecho a hacer. Que un terrorista sea entrevistado en una cadena de televisión pública y haga una afirmación como esa sirve para comprobar el estado de putrefacción de la política española.

 

La ETA nunca tuvo derecho a hacer daño alguno a sus víctimas. No hay norma que conceda esa facultad y tanto la Constitución como las leyes amparan las condenas impuestas a los terroristas y las que se puedan establecer en el futuro, siendo necesario destacar que el artículo 10.1 de la Constitución señala que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Por tanto, no puede haber justificación por motivos de orden político y de paz social en la violencia, principalmente cuando la finalidad de ETA era lograr que unos pocos pudieran decidir por lo que es de todos.

 

Ciertamente, se puede deducir que el estúpido planteamiento de Arnaldo Otegui parte de un razonamiento de legítima defensa de la nación vasca. Sin embargo, tener esa idea resulta enfermiza, pues nunca hubo actuaciones del Estado que pudieran motivar los destrozos que la ETA provocó en la vida de muchas personas, que, sin quererlo ni merecerlo, vieron como sus vidas y las de sus seres queridos eran arrebatadas.

 

Habría que plantear la posibilidad de ilegalizar Bildu. Es cierto que ya se desarrolló un proceso de ilegalización del partido político de Arnaldo Otegui que terminó resolviéndose con la desacertada y politizada Sentencia del Tribunal Constitucional 62/2011, de 5 de mayo, que afirma que “ninguna disolución de partidos es admisible en nuestro Ordenamiento si no es la de aquellos que, desnaturalizando su cometido como instrumentos privilegiados de participación política en las instituciones democráticas, se convierten en apéndice de organizaciones terroristas que, abstracción hecha de la ideología que pretendan defender, articulan dicha defensa por medio de la violencia y al margen, por tanto, de los procedimientos democráticos y los medios pacíficos de participación en la convivencia organizada (STC 126/2009, de 21 de mayo, FJ 9)”, razón que, unida a que “partiendo del principio de que en nuestro Ordenamiento constitucional “cualquier proyecto es compatible conla Constitución, siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales”, siendo cierta hasta ese punto “la afirmación de que la 'Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo' (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7)” (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7; doctrina que reitera la STC 126/2009, de 21 de mayo, FJ 9), es preciso extremar el rigor a la hora de tener por probada la realidad del fraude de una Sentencia de disolución de partidos políticos para disipar el riesgo de que termine por perjudicarse, precisamente, la pluralidad ideológica que la Constitución misma promueve y ampara como un valor fundamental del Ordenamiento”, pues existe “El riesgo, en definitiva, de que, confundiendo la ideología profesada por un partido con los medios defendidos o utilizados para promoverla, se termine por perjudicar a quien comparte esa misma ideología aun cuando no pueda demostrarse que la defiende por medios violentos o que lo haga como puro instrumento de quienes hacen de la violencia terrorista su medio de actuación natural”. Sin embargo, por la Ley Orgánica de Partidos Políticos, se puede entender que la cosa juzgada de aquel proceso de ilegalización de Bildu no afectaría a un nuevo proceso que se basara en las conductas posteriores de justificación de los actos de organizaciones terroristas, pues, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 62/2011, se declaró la legalidad de Bildu porque “Aun admitiendo, en hipótesis, que el designio defraudador de ETA y Batasuna les hubiera llevado a pretender la orquestación de candidaturas electorales a su servicio, lo cierto es que los elementos objetivos utilizados por la Sala, conjuntamente considerados, no abonan en los términos constitucionalmente exigibles la idea de que esa pretensión se haya materializado, precisamente, con las candidaturas presentadas por la coalición recurrente, ni, en definitiva, que ésta se haya dejado instrumentalizar a tal fin”, destacando que “A diferencia de lo sucedido en supuestos similares anteriores (SSTC 85/2003, de 8 de mayo; 99/2004, de 27 de mayo; 68/2005, de 31 de marzo; 110/2007, de 10 de mayo; 112/2007, de 10 de mayo; 43/2009, de 12 de febrero, y 44/2009, de 12 de febrero), en este caso no existen elementos que acrediten la existencia de vínculos personales, de orden financiero o de apoyo material entre ETA y el partido ilegalizado Batasuna y la coalición aquí recurrente, lo que fue relevante en aquellos casos”.

 

Ya si existen elementos suficientes que acreditan la existencia de vínculos personales, de orden financiero o de apoyo material entre ETA y el partido ilegalizado Batasuna y Bildu y los actos posteriores a la Sentencia del Tribunal Constitucional 62/2011 por los que el partido político de Arnaldo Otegui ha justificado el terrorismo deberían servir para motivar su declaración de ilegalidad.