Son muchos los aspectos de la Constitución que se quieren reformar. Bastantes han sido las propuestas y muy escasas las modificaciones producidas, debido a los trámites que se requieren en algunos casos para lograrlas y, también, a la falta de verdadero consenso. Sin embargo, también es cierto que hay ideas de reformar la norma suprema del ordenamiento jurídico que parecen carecer de relevancia jurídica y política.

 

El artículo 56 de la Constitución indica que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. La inviolabilidad del Jefe del Estado implica la inexistencia de responsabilidad alguna por su parte, de forma que no existirán, para la persona que ocupe ese cargo, consecuencias jurídicas de naturaleza civil, penal, administrativa o política por sus actos.

Pedro Sánchez piensa, “sin duda alguna”, que la inviolabilidad del Rey que recoge la Constitución se ha quedado obsoleta y que, por ese mismo motivo, hay que eliminarla. Además, el presidente del Gobierno cree que Felipe VI sería partidario de suprimir esa prerrogativa con una reforma constitucional.

La propuesta de reforma constitucional para suprimir la inviolabilidad del Rey ha sido rechazada por el PP y Podemos la apoyaría. Lo gracioso es que, según José Luis Ábalos, el Gobierno no tiene plan alguno sobre la cuestión, en la medida en que la información difundida se refiere, únicamente, a la opinión personal de Pedro Sánchez.

Parece atractiva la idea de suprimir la inviolabilidad del Rey. Sin embargo, debatir sobre esa cuestión solo terminaría sirviendo, en el largo plazo, para organizar un debate sobre la monarquía en su conjunto, ya que los partidos políticos republicanos aprovecharían el momento para analizar la cuestión en sentido amplio y al final no se hablaría de la inviolabilidad del Rey por hablar de la conveniencia de la existencia de la Corona en la Constitución.

Si quieren hablar de la inviolabilidad del Rey, que hablen, pero sabiendo que se acabarán comentando otros aspectos más trascendentales. Se puede reformar la norma suprema del ordenamiento jurídico español por aspectos propios de la monarquía, pero, antes de plantear las propuestas hay que proceder a analizar sus objetivos principales, su utilidad, su conveniencia para los ciudadanos y su adecuación al marco social actual.