Emilia Landaluce, en un interesante artículo titulado “El asesinato de Rocío Wanninkhof: "¿Y no es posible que la haya matado sin darme cuenta?"”, analiza los aspectos fundamentales del crimen con el que se le arrebato la vida a la joven de Mijas. En el texto se indica que Dolores Vázquez, principal sospechosa en la investigación por el delito, llegó a mostrar sus dudas sobre su inocencia al preguntarse: “¿y no es posible que la haya matado...?”.

 

Que la presión mediática provocará que Dolores Vázquez dudara de su propia inocencia revela hasta qué punto pueden hacer daño los juicios paralelos, que se forman siempre a partir de un relato que, aunque sea verosímil, no se ajusta siempre a la realidad. Ello se debe a que, en el momento en el que se descubre un hecho delictivo, solo se pueden formular hipótesis sobre lo ocurrido, construyéndose el relato del juicio paralelo, habitualmente, sobre la hipótesis que, por su contenido sentimental, atrae más a los ciudadanos, que se apuntan a la valoración de los hechos a través de prejuicios y consideraciones ideológicas que, por regla general, resultan muy perjudiciales para desarrollar un análisis objetivo, imparcial y adecuado de la situación con trascendencia mediática que se encuentre en cada caso.

 

La presunción de inocencia forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva conforme al artículo 24 de la Constitución. Sobre esta cuestión, la Sentencia del Tribunal Constitucional 138/1992, de 13 de octubre, establece que “que la presunción de inocencia comporta en el orden penal al menos las cuatro siguientes exigencias: 1ª) la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una "probatio diabólica" de los hechos negativos; 2ª) solo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisor y con observancia de los principios de contradicción y publicidad; 3ª) de dicha regla general solo pueden exceptuarse los supuestos de prueba preconstituída y anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea o se prevea imposible y siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad de contradicción; y 4ª) la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador, que este ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración”. Esas exigencias no se producen en los casos con juicios paralelos, pues se invierte la carga de la prueba a efectos mediáticos, como si fuera el sospechoso el que tuviera que acreditar su inocencia, y no se atiende al resultado de pruebas practicadas ante un órgano jurisdiccional que puede delimitar de manera adecuada los hechos probados.

 

Lamentablemente, los juicios paralelos existen y seguirán existiendo, pues, aunque son muchos los perjudicados por ellos, prima el interés de medios de comunicación y de dirigentes políticos a los que les conviene agitar el miedo y el odio contra determinados perfiles.