El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto una cuestión prejudicial esencial para los consumidores en un auto de 3 de julio que se enmarca en el asunto C-486/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Alicante, mediante auto de 28 de julio de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 12 de septiembre de 2016, en el proceso desarrollado por Bankia, S.A. contra Alfredo Sánchez Martínez y Sandra Sánchez Triviño, que consiste en una ejecución hipotecaria. La resolución indicada establece concretamente que “El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y el principio de efectividad deben interpretarse, en circunstancias como las que concurren en el litigio principal, en el sentido de que no se oponen a que un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia quede vinculado por una resolución dictada en apelación que ordena que se inicie un procedimiento de ejecución en atención a la gravedad del incumplimiento de las obligaciones que impone al consumidor el contrato de préstamo hipotecario, y ello a pesar de que ese contrato contenga una cláusula declarada abusiva en una resolución previa que ha adquirido firmeza, pero a la que el Derecho nacional no reconoce fuerza de cosa juzgada”.

 

Para entender la respuesta a la cuestión, hay que acudir a los fundamentos que se presentan en la exposición del razonamiento jurídico. El auto destaca que “incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar, basándose en la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 40 y 41, si el contrato de préstamo controvertido en el litigio principal puede subsistir sin la cláusula abusiva en cuestión”, y, “Si ese no fuera el caso, el órgano jurisdiccional remitente podría considerar que, habida cuenta de las consideraciones expuestas en el anterior apartado 40, procede sustituir esa cláusula abusiva por la versión del artículo 693, apartado 2, de la LEC posterior a la firma de ese contrato”. En ese supuesto, “y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 693, apartado 2, de la LEC, en su versión posterior a la firma del contrato objeto del litigio principal ―extremo este que debe comprobar el órgano jurisdiccional remitente―, la demanda de ejecución hipotecaria presentada por Bankia no implicaría que la cláusula abusiva controvertida en el litigio principal siguiera teniendo efectos vinculantes para los esposos Sánchez Martínez y Sánchez Triviño, ya que la acción se fundamentaría en esta disposición y no en la mencionada cláusula abusiva”.

 

Hay que tener presente que el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de julio que se enmarca en el asunto C-486/16, determina claramente que, aunque haya una cláusula abusiva de vencimiento anticipado en el contrato de préstamo hipotecario, se permite el inicio de un proceso de ejecución hipotecaria si el mismo se basa en el artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que establecía que “Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución y en el asiento respectivo”. Ello implica que, aunque haya existido un auto declarando el archivo de una ejecución hipotecaria iniciada por una cláusula de vencimiento anticipado que se ha declarado abusiva, se podrá iniciar un nuevo proceso de ejecución hipotecaria por el mismo contrato utilizando la regla del artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que la misma resulte aplicable.