La presunción de inocencia, recogida como una parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el artículo 24.2 de la Constitución, es un elemento clave en el proceso penal para evitar condenas que resulten arbitrarias. Esta garantía se analiza claramente en la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/2006, de 24 de abril, que establece que “se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo validas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos”, destacándose que, “En cualquier caso, es doctrina consolidada de este Tribunal que no le corresponde revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza su íntima convicción, sustituyendo de tal forma a los Jueces y Tribunales ordinarios en la función exclusiva que les atribuye el art. 117.3 CE, sino únicamente controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta”.

 

Hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Constitucional 35/1995, de 6 de febrero, afirma que “la presunción de inocencia, como derecho consagrado constitucionalmente, impone que se prueben todos y cada uno de los elementos fácticos que constituyen el tipo delictivo (STC 102/1994) por parte de quienes sostienen la acusación”, siendo cierto que la Sentencia del Tribunal Constitucional 244/1994, de 15 de septiembre, establece que “Este Tribunal tiene declarado en numerosas resoluciones que la presunción de inocencia exige, para que pueda ser desvirtuada, una actividad probatoria de cargo producida con las debidas garantías procesales y de las que quepa deducir razonada y razonablemente la culpabilidad del acusado; y que la valoración del material probatorio aportado al proceso es facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales (SSTC 80/1986 y 98/1989), a quienes corresponde ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la Sentencia (SSTC 124/1983, 175/1985 y 98/1990)”, aunque la misma resolución señala que “es doctrina de este Tribunal (SSTC 174/1985, 175/1985, 229/1988, 94/1990 y 111/1990, entre otras), que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que ésta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados -no puede tratarse de meras sospechas- y el órgano judicial debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el procesado realizó la conducta tipificada como delito”, añadiendo la Sentencia del Tribunal Constitucional 175/1985, de 17 de diciembre, que “en la operación deductiva deberán señalarse, en primer lugar, cuáles son los indicios probados, y, en segundo término, cómo se deduce de ellos la participación del acusado en el tipo penal, de tal manera que cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de los indicios”.

 

Ante la generalidad y ambigüedad que se puede encontrar para la aplicación de los razonamientos de las sentencias del Tribunal Constitucional en los casos en los que parezca posible condenar por indicios, la Sentencia del Tribunal Supremo 532/2019, de 4 de noviembre, ha establecido veinte condiciones para poder condenar por indicios, que se exponen a continuación.

 

En primer lugar, no deben confundirse los indicios con las sospechas, pues, para enervar la presunción de inocencia, hay contar con indicios probados y no con meras “probabilidades” de que el hecho haya ocurrido.

 

En segundo lugar, el órgano judicial no puede ni debe fundamentar el fallo de la Sentencia en su simple y puro convencimiento subjetivo.

 

En tercer lugar, la condena no debe fundarse en la creencia del órgano judicial de que “creen” que los hechos ocurrieron como relatan, pues deben estar “convencidos” de que ocurrieron de una manera determinada.

 

En cuarto lugar, se exige del órgano judicial una adecuada motivación acerca de la concurrencia de los indicios y su “relevancia probatoria”.

 

En quinto lugar, deben encontrarse elementos y requisitos en la prueba indiciaria. Los elementos son una afirmación base o indicio, una afirmación consecuencia y el enlace lógico y racional entre el primero y el segundo de los elementos que lleva a la condena por la suma de los indicios plurales. Los requisitos son la pluralidad de indicios, que estén demostrados mediante prueba directa, que, de manera indispensable, entre el hecho demostrado o indicio y el que se trate de deducir haya un enlace preciso, concreto y directo según las reglas del criterio humano, y que el órgano judicial motive en su Sentencia el razonamiento de cómo ha llegado a la certeza del hecho presunto.

 

En sexto lugar, se requiere la motivación en la sentencia respecto a la concurrencia de indicios y su consecuencia es más fuerte y debe ser más precisa que en los casos de prueba directa, ya que está es clara y diáfana, pero no lo son los indicios, porque si lo fueran sería prueba directa y no indiciaria.

 

En séptimo lugar, los indicios se tienen que alimentar entre sí para configurar la condena mediante el “razonamientoinductivo propio de la prueba de indicios”.

 

En octavo lugar, si el órgano jurisdiccional no cumple con el deber constitucional de motivación es imposible tener acceso al proceso de inferencia llevado a cabo, y por consiguiente resulta imposible saber si el razonamiento es “arbitrario, absurdo o irracional”.

 

En noveno lugar, la clave de la teoría de la prueba de indicios o prueba indirecta radica en el enlace lógico y racional entre el indicio o afirmación base y la afirmación consecuencia.

 

En décimo lugar, cuando el órgano judicial “suma” los indicios en su proceso final tras el juicio se llega a hablar de una “certeza subjetiva”, que lleva a la “convicción judicial”.

 

En undécimo lugar, la resolución no puede ser de “sospechas”, pues tiene que ser de convicciones respecto a que la suma de indicios determina y lleva al órgano judicial a concluir con seguridad que el delito lo cometió el acusado.

 

En duodécimo lugar, debe partirse de la constatación de unos hechos mediatos para concluir otros inmediatos.

 

En decimotercer lugar, el proceso deductivo que debe llevar a cabo el órgano judicial ha de quedar plasmado en toda su extensión, permitiendo así un control de la racionalidad del hilo discursivo mediante el que el órgano jurisdiccional afirma su inferencia, de manera que quede al descubierto el juicio de inferencia como actividad intelectual que sirve de enlace a un hecho acreditado y su consecuencia lógica.

 

En decimocuarto lugar, la inducción o inferencia debe ser razonable atendiendo a las reglas de la lógica.

 

En decimoquinto lugar, los indicios deben mantener una correlación de forma tal que formen una cadena que vaya conformando el íter para llegar al proceso mental de convicción que se conforma por la suma de los datos y la prueba de cada uno de ellos.

 

En decimosexto lugar, existe un control que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional pueden y deben ejercer sobre la razonabilidad del discurso explicado por el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia condenatoria basada en la prueba de indicios o prueba indirecta.

 

 

En decimoséptimo lugar, puede efectuarse el control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria.

 

En decimoctavo lugar, puede hablarse de dos tipos de irracionalidad distintos que merecen tratamiento separado, la falta de lógica y la concurrencia de arbitrariedad o absurdo por un lado y la falta de conclusividad por otro, pudiendo destacarse que cabe estimar que la garantía de la presunción de inocencia debe tenerse por vulnerada únicamente “cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada”.

 

En decimonoveno lugar, la conclusión de una inferencia presuntiva debe considerarse cerrada, fuerte y determinada, de manera que no se presenten dudas por el enlace entre el indicio y el hecho que puede acreditar.

 

En vigésimo lugar, para que la tesis acusatoria pueda prosperar, consiguiéndose la enervación de la presunción de inocencia, se le debe exigir una “probabilidad prevaleciente” con respecto a aquellas otras hipótesis explicativas de los mismos indicios, entre las que se puede contar la tesis fáctica de descargo.

 

La sentencia citada facilita la ordenación y el aprovechamiento de los indicios, pero también muestra la dificultad existente para poder condenar mediante los indicios, en la medida en que no resultará sencillo que los mismos puedan servir para derribar la presunción de inocencia.