La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue aprobada por unanimidaden el Congreso de los Diputados en octubre de 2004 basándose en las desigualdades históricas de las relaciones de poder y los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino (ya saben de dónde viene el nombre que se dio a este tipo de violencia). Sus señorías se tragaron sin rechistar semejante sapo infecto y maloliente, sin caer en la cuenta que les estaban engañando.

¿A cuento de qué asumieron que existían desigualdades históricas cuando en nuestro país teníamos una ley que las impedía? Mucho antes, en 1978, nuestra Constitución ya recogió que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Francamente, no lo entiendo.

Es verdad que Susana Camarero, diputada portavoz del PP, no estuvo de acuerdo porque vaticinó proféticamente que no habría avances en la lucha contra esta modalidad de violencia porque se trataba de una "operación de marketing del PSOE". Pero no votó en contra. Ni ella, ni ninguno de sus compañeros de legislatura. Ni posteriormente la modificaron cuando los de su partido llegaron a tener mayoría en el Congreso de los Diputados. ¿Miedo al qué dirán?

10 años después de la aprobación, en octubre de 2015, el Consejo General del poder Judicial, ofreció un Boletín con información estadística sobre los efectos judiciales de esta norma, para contarnos que, entre 2007 y el primer semestre de 2015, se recibieron en los juzgados de toda España un total de 1.114.560 denuncias. El número es exageradamente alto, ¿verdad?

Ahora vamos a ver qué pasó con las mismas. 131.043, el 11’76%, fueron retiradas. Por tanto, sólo se incoaron 983.517 procedimientos penales derivados de la aplicación de esta norma. ¿Siguen siendo muchos?  No se tiren al barro todavía. Esperen. Tan sólo hubo sentencia en 273.034 casos, lo cual implica que 710.483 de dichas denuncias carecían de pruebas suficientes como para instruirlas. Y, obviamente, se desestimaron. ¿Se han dado cuenta? En 841.526 de esos casos denunciados, o bien las denuncias fueron retiradas, o bien no se apreciaron indicios de que pudiera haber base en la que apreciar delito alguno, ni contra esta ley, ni contra algún precepto de nuestro código penal. El 75’51%. ¡En 3 de cada 4!

De las 273.034 denuncias que finalizaron con sentencia en primera instancia, 131.652 fueron absolutorias. Y eso quiere decir que 1 de cada 2 no merecieron la condena del acusado y que en 9 de cada 10 denuncias, el denunciado no era culpable del delito que motivó la denuncia. ¿Les sorprende?

Para quien crea que esto no es posible pondré, no un ejemplo, pero sí uno de estos casos. ¿Recuerdan a Juana Rivas? Interpuso 8 denuncias entre 2016 y 2018, como estrategia para obtener la custodia de sus hijos. La justicia italiana las ha archivado, calificándolas como absolutamente inverosímiles, opinando además que utilizaba a sus hijos y les hacía narrar agresiones que no existían. ¿Puede haber entre el millón y pico denuncias como éstas? ¡Pues claro!

Pero no es ésa la cuestión, sino que el Gobierno que preside el doctor universitario cuyos méritos están en entredicho, ha aprobado una nueva medida por la cual no será necesario interponer una denuncia y obtener una sentencia favorable para percibir las ayudas y prestaciones sociales destinadas a las víctimas de violencia de género. Bastará con que cualquier mujer que presente una denuncia, aunque luego la retire, no haya pruebas de la misma, o resulte que el denunciado no sea culpable. Sólo por ser mujer y poner la denuncia. ¿Piensan que las denuncias de violencia de género aumentarán o disminuirán?