La Ley de Memoria Histórica aprobada por Zapatero, no derogada por Rajoy y llevada al paroxismo por Pedro Sánchez parte de una visión idílica de lo que fue la Segunda República española: un régimen democrático que desembarcó por la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, bajo el cual se desarrollaron las más altas cotas de derechos y libertades jamás vividas en España, y que finalmente resultó truncado por un golpe militar fascista contra la legalidad vigente. A punto de cumplirse el 88º aniversario de su proclamación, conviene pararse a comprobar si la realidad de los hechos se corresponde con tan básica descripción.

 

1.- ANTECEDENTES.

En enero de 1930, la dimisión del general Primo de Rivera puso término a la Dictadura que dirigía desde septiembre de 1923. A finales de ese mes de enero, Alfonso XIII nombró como jefe de gobierno a otro general: Dámaso Berenguer, dándose inicio a lo que se conoció como Dictablanda. En agosto de 1930, diversos partidos republicanos firmaron el Pacto de San Sebastián con la firme intención de derrocar el régimen monárquico. En octubre se sumaron al pacto el PSOE y la UGT, conformándose al poco un Comité Revolucionario donde se integrarían políticos como el que fuera Gran Oriente de la masonería española, Martínez Barrio, Azaña, Alcalá-Zamora, Lerroux, Indalecio Prieto o Largo Caballero, el autodenominado Lenin español. Su objetivo era la inminente instauración de una nueva república —la segunda, después de la fallida de 1873— mediante una sublevación militar. Después de tres aplazamientos, ésta se fijó finalmente para el 12 de diciembre, aunque en el último instante se decidió postergarla hasta el 15; sin embargo, esa orden de última hora no llegó a la guarnición de Jaca. La deslavazada rebelión acabaría siendo sofocada en menos de cuarenta y ocho horas; los dos capitanes que la encabezaron —Galán y García Hernández— fueron enjuiciados sumariamente y fusilados el día 14, mientras la propaganda pasaba a erigirlos inmediatamente en mártires de la causa republicana.

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  1. PROCLAMACIÓN.

  2. La Segunda República no surgió por el deseo de la mayoría del pueblo español; ni siquiera por un anhelo popular —aun minoritario— democráticamente expresado, pues no hubo referéndum alguno sobre el cambio de régimen. Lo que se celebraban el 12 de abril de 1931 eran única y exclusivamente unos comicios municipales, de los que salieron ampliamente ganadores los partidos monárquicos: salvo en algunas de las grandes ciudades, sus votos llegaron a cuadruplicar en el conjunto del país a los de los partidos republicanos. A pesar de ello, para proclamar la república bastó con que los mismos que habían firmado el Pacto de San Sebastián, que se habían sublevado en Jaca y que, en definitiva, habían perdido esas elecciones municipales, la jornada del 14 de abril izaran la bandera tricolor en Éibar, sacaran a la muchedumbre a la Puerta del Sol de Madrid o asaltaran el Ayuntamiento de Barcelona. Las traiciones a Alfonso XIII de sus hasta entonces colaboradores, la propia actitud medrosa del monarca o la decisión de Sanjurjo de no utilizar la Guardia Civil para reprimir el golpe de Estado que estaba produciéndose, hicieron el resto. El Comité Revolucionario conminó al Rey a abandonar España antes de la puesta de sol de ese mismo día 14, exilio al que partió desde el puerto de Cartagena para no regresar hasta 1980, cuando sus restos mortales fueron trasladados desde Roma al Panteón Real del Monasterio de El Escorial. Todavía aquel 1931 dejaría dos fechas más para la ignominia: el 28 de abril se decretó oficialmente que el Himno de Riego sustituía a la Marcha Real y que la enseña nacional rojigualda se abolía por primera vez desde que fuera instaurada por Carlos III en 1785, suplantándola por otra de franjas roja, amarilla y morada; y el 20 de noviembre, las Cortes dictaron una sentencia declarando a Alfonso XIII culpable de alta traición y fuera de la ley, un hecho sin precedentes en un sistema basado en la separación de poderes.
  3. Madrid-GCE
  4. CARTA DE PRESENTACIÓN.

  5. Esa criatura nacida ya viciada pronto dejaría dos muestras tangibles de lo que podía esperarse de ella. No había cumplido ni un mes de vida cuando el 11 de mayo se desató la ira anticlerical impulsada por el nuevo régimen: durante tres días, centenares de templos católicos de media España serían reducidos a cenizas sin que las autoridades movieran ni un dedo para impedirlo; no en vano, todas las iglesias de Madrid no valían la vida de un solo republicano, Azaña dixit. Tras las elecciones a Cortes constituyentes de junio, esa actitud hostil hacia todo lo que oliera a sotana cristalizaría en la Constitución aprobada en diciembre de 1931, impregnada por un palmario espíritu masónico que atacaba furibundamente las raíces cristianas que habían forjado la Nación española a lo largo de dos milenios: así, su articulado recogía de manera nada velada la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición de que las órdenes religiosas se ocuparan de la enseñanza. Ya durante su tramitación, el propio Alcalá-Zamora protestó por la deriva que estaba tomando la redacción del texto constitucional —“Invitaba a la guerra civil”, escribiría dos años después—, hasta el punto de que ello sería la causa de que terminara dimitiendo como presidente del primer Gobierno Provisional dos meses antes de su promulgación. Pero Azaña lo tenía clarísimo: “España ha dejado de ser católica”.
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  7. BIENIO AZAÑISTA.

  8. Azaña sustituiría a Alcalá-Zamora como presidente del Gobierno a lo largo de los dos años siguientes. Por delante tenía planeada una ingente labor que pondría a España patas arriba, para lo cual contaba con la inestimable ayuda de la Ley de Defensa de la República, que limitaba la libertad de expresión, que prohibía la apología del régimen monárquico y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a él, y que preveía la depuración de la Administración por la falta de celo o negligencia de los funcionarios en el desempeño de sus servicios. En suma, el plan pergeñado no pretendía sino dar forma a un sistema que se escorara indefectible y perpetuamente hacia la izquierda, metiéndose en fregaos tan importantes como la reforma agraria y del Ejército, la cuestión religiosa y el problema regionalista; y, precisamente, ese sectario cariz con el que se encaró la transformación acometida provocaría que se saldara con un rotundo fracaso en todas sus vertientes. Mientras tanto, en el plano social ese bienio de coalición republicano-socialista hubo de soportar gravísimas insurrecciones provocadas por la izquierda anarquista, como la del Alto Llobregat el 19 de enero de 1932 o la de Casasviejas (Cádiz) el 11 de enero de 1933; Azaña —el mismo que al vislumbrar cómo iba a concluir la Guerra Civil propondrá “paz, piedad y perdón”— ordenó al Ejército mandado para sofocar la primera que fusilara sobre la marcha, y a la Guardia de Asalto enviada para aplastar la segunda que no hiciera heridos ni prisioneros, sino que disparase a la barriga. Tampoco su mandato se libraría de asonadas militares, como la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932.
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  10. BIENIO RADICAL-CEDISTA.

  11. El 9 de noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones generales de la república, las primeras en que podrían votar las mujeres, pese al empeño de féminas socialistas como Victoria Kent o Margarita Nelken en que ello no sucediera. Vencería la derechista CEDA de Gil Robles con un margen de unos 200.000 votos sobre las izquierdas, si bien en número de escaños las duplicaba merced a un sistema electoral reformado cuatro meses antes por Azaña para primar a la lista mayoritaria, que él pensaba que sería progresista sempiternamente. No obstante su triunfo, a la CEDA le fue vedada formar gobierno, que pasaría a presidir el jefe del Partido Radical, Alejandro Lerroux. Durante el año siguiente, las derrotadas izquierdas —muy especialmente el PSOE y su brazo sindical UGT— no se hartaron de agitar el ambiente realizando proclamas a favor de la revolución marxista y proveyéndose de armas y municiones. La excusa para desencadenarla la encontraron por fin a principios de octubre de 1934, cuando Gil Robles exigió la entrada de su coalición en el Ejecutivo. El día 6 se produjo la anunciada sublevación. Aunque en Cataluña el dirigente de ERC Lluís Companys proclamaría ese mismo día “el Estado catalán dentro de la República Federal española”, en menos de veinticuatro horas los bravos insurrectos almogávares fueron puestos en vereda por las tropas del general Batet. Un pronto desenlace que se extendería igualmente por el resto de España. La excepción resultó ser Asturias, donde se libró una auténtica guerra civil durante dos semanas en la que socialistas, comunistas y anarquistas anticiparon una de las tónicas de lo que a partir de julio de 1936 sucedería a lo largo y ancho del territorio por ellos dominado: una encarnizada persecución religiosa, la más atroz de las ejecutadas desde tiempos de Diocleciano. Las tropas gubernamentales lograron controlar la situación a mediados de octubre, pero el diagnóstico resultaba meridiano: la república estaba herida de muerte.
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  13. EL FRENTE POPULAR.

  14. A inicios de 1936, la izquierda en bloque se unió en torno al Frente Popular, un popurrí de siglas donde confluían la Izquierda Republicana de Azaña, el PSOE de Prieto y Largo Caballero, la Unión Republicana de Martínez Barrio, el entonces insignificante PCE, los separatistas catalanes de ERC o los anarquistas POUM y CNT. Su primera acción conjunta fue lanzar una atroz operación propagandística sobre los supuestos desmanes perpetrados por el Gobierno en la represión que siguió a la revolución de Asturias. A ello se unió la campaña contra la corrupción del Partido Radical surgida tras desatarse el escándalo del Straperlo, un juego de ruleta amañado. Al fin, el 16 de febrero de 1936 tuvieron lugar nuevas elecciones generales, en las que el Frente Popular se enfrentó a una derecha desunida —con la CEDA de Gil Robles, el Bloque Nacional de Calvo Sotelo y la Falange de José Antonio concurriendo cada una por su lado— y a un centro insignificante —el Partido del Centro Democrático, del a la sazón presidente del Gobierno Portela Valladares y auspiciado por Alcalá-Zamora—. Celebradas bajo un terrible clima de violencia, hoy en día está archidemostrado que sus resultados fueron objeto de una doble manipulación: en el momento del recuento de los votos, dentro de un irrespirable ambiente de coacción e intimidación hacia quienes debían llevarlo a cabo, y posteriormente mediante la revisión y anulación arbitrarias de actas en un principio obtenidas por diputados del centroderecha. La autoridad moral del nuevo gobierno presidido por Azaña era inexistente desde el mismo instante de su toma de posesión, como inexistente era su capacidad para contener a la extrema izquierda con la que estaba coaligado y que llevaba años queriendo avanzar hasta la siguiente etapa de su ruta: la dictadura del proletariado. Empezaba la llamada primavera trágica, unos meses de degradación de la vida pública y social saldados con casi medio millar de muertos cuyo cénit se alcanzaría el 13 de julio, cuando unos pistoleros secuestraron en su casa y asesinaron al líder de la derecha monárquica José Calvo Sotelo; su autor material fue Luis Cuenca, miembro de la escolta personal del socialista Indalecio Prieto, conocida como La Motorizada. Cuatro días más tarde se produjo en Melilla el Alzamiento nacional, que a la mañana siguiente ya se había expandido por toda la península dando comienzo a la Guerra Civil.
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Todo lo anterior resume la vida y milagros de la Segunda República española, un régimen mitificado por la izquierda al que la Ley de Memoria Histórica pretende servir como mamporrera herramienta en su afán por enlazar nuestra actual democracia con aquel convulso periodo. Sin embargo, la realidad última que se encierra detrás de esta maniobra por recuperar ese supuesto tracto sucesivo interrumpido no es otra que romper con el sistema constitucional de 1978 e instaurar un nuevo modelo totalitario y liberticida que hará saltar por los aires la monarquía parlamentaria, la unidad de España y el vigente marco de convivencia que tanto la figura del Rey como la indisolubilidad de la Patria posibilitan y protegen. Ante este panorama, cabe preguntarse qué es exactamente lo que la izquierda desea reivindicar de aquella fracasada república. ¿El golpe militar de diciembre de 1930, con el que quiso derrocar violentamente a Alfonso XIII? ¿La agitación callejera de abril de 1931, a través de la cual logró un cambio de régimen no avalado por las urnas? ¿La revolución de octubre de 1934, cuando se alzó en armas contra el legítimo gobierno de la Nación? ¿El fraude de las elecciones de febrero de 1936, que desembocó en la primavera trágica? ¿O la deriva guerracivilista del Frente Popular en el que se inspira, y que culminó con el asesinato a manos de sus secuaces de uno de los líderes de la oposición?

 

Con todo, lo peor no es ya esa visión sectaria y cainita que la izquierda tiene de los años 30, sino que partidos como el PP o Ciudadanos se traguen el anzuelo hasta la tráquea y asuman como propia esa patraña de la leyenda rosa republicana. Por separado, los populares fueron incapaces —desoyendo el clamor de sus entonces votantes— de derogar la Ley de Memoria Histórica, convirtiendo los siete años de mandato de Rajoy en una adenda a los también siete años de desgobierno de Zapatero; mientras, los de Rivera hicieron lo mejor que saben hacer —quizá lo único—: calibrar por dónde soplaba el viento de la siguiente encuesta y abstenerse de entrar en cualquier polémica ideológica que pudiera restarles un mísero voto. Juntos, PP y Ciudadanos siguen encantados de haberse conocido, como demuestra que en Andalucía no hayan mostrado ninguna voluntad de abolir esa canallesca normativa o que en Murcia hayan ido de la mano con socialistas y comunistas para blindarla, al incluirla expresamente en su nuevo Estatuto de Autonomía. Ambos tendrán que explicar a su menguante electorado qué es lo que más les gusta de aquella arcadia feliz que, según ellos, fue esa Segunda República de la que no encuentran mácula alguna como para impedir que vuelva a reproducirse en este siglo XXI. ¿Acaso disfrutan imaginándose en el futuro con una perpetua espada de Damocles sobre sus pescuezos, en espera de que las izquierdas tengan a bien asestar un golpe de Estado como el de 1930 o iniciar una revolución como la de 1934? ¿Se deleitan pensando en cómo se desarrollarían unos comicios, si al estilo de los de abril de 1931 o al modo de los de febrero de 1936? ¿Gozan más al rememorar las jornadas de quema de iglesias de mayo de 1931 o al acordarse de la persecución religiosa de 1936?

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Por suerte, en los últimos tiempos ha surgido con vigor un partido para el que la experiencia republicana fue un nefando paréntesis en nuestra Historia del que ningún orgullo hay que sentir; muy al contrario, es la constatación de cómo la irresponsabilidad de unos políticos mediocres terminó arrastrando al pueblo español a una horrenda guerra fratricida que Dios quiera no torne jamás a lidiarse. A tal fin, nada más eficaz que empezar por derogar esa Ley de Memoria Histórica que pretende enfrentar casi un siglo después a quienes ya estábamos reconciliados desde hace ocho décadas. Eso es lo que propugna VOX, y ésa es la labor que acometerá con paso decidido en las Cortes Generales a partir del próximo 29 de abril.

Afortunadamente, el capricho del calendario ha querido que este 14 de abril de 2019 sí tengamos una efeméride que conmemorar: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.