La sombra de la sospecha se colocó sobre el Open Arms hace tiempo y resulta difícil que pueda diluirse o desaparecer. Durante los últimos meses, los encargados de dirigir ese barco, perteneciente a una ONG, se han dedicado a recoger inmigrantes de África que se encontraban en pequeñas embarcaciones fletadas por mafias dedicadas al tráfico de extranjeros, de los que cobran grandes cantidades de dinero por tener la oportunidad de disfrutar en Europa de lo que consideran un paraíso. De los hechos descritos resulta fácilmente deducible que el Open Arms está colaborando con organizaciones criminales para fomentar su negocio de transporte de emigrantes africanos, cuya eficacia sirve con la finalidad de promover la continuidad de una actividad que debería ser erradicada por el bien de ciudadanos europeos y de emigrantes africanos, a los que habría que ayudar en sus países de origen.

 

Hay que tener presente que el artículo 318 bis del Código Penal castiga al que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. Sobre este precepto, indica la Sentencia del Tribunal Supremo 153/2007, de 28 de febrero, que “Confluyen en este tipo dos clases de intereses complementarios: por un lado el interés del Estado de controlar los flujos migratorios evitando que éstos sean aprovechados por grupos de criminalidad organizada y por otro evitar situaciones de explotación que atentan a los derechos y seguridad de las personas”, destacando la Sentencia del Tribunal Supremo 1378/2011, de 14 de diciembre, que “para que el tráfico sea delictivo debe existir un plus de antijuricidad, que, en todo caso, la conducta cree un peligro abstracto relevante y grave para que los derechos de los ciudadanos extranjeros y de su dignidad como seres humanos, a causa de esa acción de promoción, favorecimiento o facilitación del tráfico ilegal o de la inmigración clandestina, evitando a través del delito de peligro abstracto que sean tratados como objetos, clandestina y lucrativamente, con clara lesión de su integridad moral”, de manera que “ha de tratarse de una acción que, desde una observación objetiva y en relación a su propia configuración, aparezca dotada de una mínima posibilidad de afectar negativamente al bien jurídico, de manera que- precisa la STS 1087/2006 de 10-11 - el interés del Estado en el control de los flujos migratorios, ya protegido mediante la acción administrativa, sólo encuentra protección penal si los derechos de los ciudadanos extranjeros se ven seria y negativamente afectados por la conducta, sea de modo actual y efectivo o al menos ante un riesgo de convicción altamente probable”.

 

La conducta del artículo 318 bis del Código Penal parece ser la que están desarrollando los voluntarios del Open Arms, pero la misma no constituye delito porque el segundo párrafo del precepto citado establece que los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate, pareciendo que la misma ayuda existe por la situación de necesidad en la que se encuentran los extranjeros rescatados. De este modo, se podría estar aprovechando la propia situación de los inmigrantes causada por las mafias para evitar la imposición de penas a aquellas personas que facilitan el cumplimiento de los objetivos vinculados con el tráfico ilegal de extranjeros.

 

Ciertamente, no es posible descartar absolutamente que haya un plan organizado y coordinado por Open Arms y las mafias para lograr el efectivo proceso de trasvase de personas desde África hasta Europa con el que unos pocos están consiguiendo enriquecerse a costa de las infladas ilusiones de unos pobres emigrantes africanos que llegan a Europa como inmigrantes desamparados. Sin embargo, habría que realizar una eficiente investigación en la que se comprobara la vinculación de los donantes con los directivos de la ONG, para corroborar que los mismos se encuentran actuando delictivamente y que, además de traficar con extranjeros, están instrumentalizando a sus trabajadores voluntarios, que, con buenas intenciones, están obrando de una manera que puede implicar un atentado contra sus creencias al posibilitar que se abuse de los inmigrantes a los que pretenden proteger y ayudar.