Las tarjetas “revolving” son otorgadas por las entidades bancarias a sus usuarios, que pueden utilizar el dinero concedido con la condición de devolver las cantidades gastadas abonando los intereses pactados. Según Guillermo Barral Varela, “crédito revolving es cualquier tipo de crédito concedido por una entidad financiera a un cliente, que tenga carácter rotativo: el límite del crédito se rebajará o disminuirá en la medida en la que el cliente lo utilice y se restablecerá o aumentará de nuevo en la medida que haga pagos el cliente para restituirlo”, caracterizándose “por el hecho de que no existe un número determinado de disposiciones máximas que pueda efectuar el cliente acreditado”, al que “se le concede un límite o tope máximo en dinero del que puede disponer durante un cierto período; cuando lo precise realizará adeudos (que rebajarán dicho límite por importe equivalente al del adeudo) e igualmente podrá efectuar abonos (que restablecerán el mencionado límite por tal cuantía)”. El problema es que, en muchos casos, los intereses pactados pueden establecerse entre el 20% y el 30%.

 

Hay que tener presente que la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios indica en su artículo 1 que “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ó en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario á causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia ó de lo limitado de sus facultades mentales”. Esta norma tiene vigencia desde hace más de un siglo y se sigue aplicando por la existencia de abusos por parte de los prestamistas que deciden aprovecharse de los prestatarios.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 628/2015, de 25 de noviembre, indica que “la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo”, pudiendo destacarse que la misma resolución, que fue criticada por resultar excesivamente proteccionista para el prestatario, señala que “Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”. Estos razonamientos expuestos fueron ratificados por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de agosto de 2018, que indica que la Directiva 93/13 no se opone a la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuestionada en el litigio principal, conforme a la cual una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que establece el tipo de interés de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal cuantía suponga un incremento de más dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado.

 

Es cierto que la usura ha podido ser combatida con la normativa española desde 1908, al contrario de lo que ocurre con otros problemas que afectan a los consumidores y que requieren la aplicación del Derecho de la Unión Europea. El problema es que falta consolidar la eficacia de la Ley de Represión de la Usura garantizando su correcta aplicación y luchando contra los abusos en los préstamos y otras operaciones equivalentes.