La afiliación a la Seguridad Social se redujo, en el mes de enero, en más de 200.000 personas y el paro sumó 83.464 desempleados más, llegando a una cantidad cercana a los 3,3 millones. En febrero, se incorporaron 69.712 nuevos cotizantes a la Seguridad Social, con los peores datos desde febrero de 2016, y el paro se incrementó en 3.279 personas, dejando las peores cifras desde 2013 en este aspecto. Los datos de ambos meses pueden entenderse observando con atención una decisión que se adoptó con anterioridad.

 

El Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, fijó el salario mínimo interprofesional para 2019. El artículo 1 de esa norma indica que “El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses”, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos desde el 1 de enero de 2019.

 

Ciertamente, es muy fácil subir el salario mínimo interprofesional para contentar a los dirigentes de determinados partidos políticos y a los ciudadanos que podrían tener la tentación de determinar sus preferencias electorales atendiendo a pequeños cebos. Sin embargo, hay que tener en cuenta los efectos perversos que puede llegar a producir esa medida, que, aunque parezca beneficiosa para muchos, está comenzando a provocar consecuencias devastadoras.

 

Muchas críticas fueron las que se vertieron sobre la subida de un 22,3% del salario mínimo interprofesional, ya que constituía un factor de riesgo para la economía al incrementar los costes de los empresarios, que, además de tener que abonar mayores salarios, iban a tener que abonar mayores cuotas de cotización a la Seguridad Social por sus trabajadores. No fueron pocos los que pensaban que esas malas previsiones estaban siendo emitidas por agoreros y por empresarios sin escrúpulos que, simplemente, deseaban perpetuar la reducida remuneración de los trabajadores por sus labores.

 

No hay duda alguna sobre la claridad con la que ahora pueden comenzar a apreciarse los fallos en la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha basado en regar con dinero público a entidades para construir redes clientelares con las que captar más votos, que financia imponiendo mayores obligaciones fiscales, laborales y sociales a empresarios. Parece que, lamentablemente, eso es lo único que saben hacer los dirigentes del PSOE, que han conseguido que sea habitual, durante los periodos de tiempo en los que ostentan el poder ejecutivo, el incremento de la deuda pública por motivos poco vinculados con el verdadero interés de la ciudadanía. Así lo demuestra el irracional incremento del salario mínimo interprofesional, que, probablemente, volverá a reducirse próximamente, a menos que se desee destrozar el tejido empresarial español.